Cuando el Congreso les consultó en octubre de 2011, a poco de presentarse el Proyecto, la respuesta de la Asociación Peruana de Derecho de Seguros (APESEG) y de la Asociación de Bancos (ASBANC) fue que regular el contrato de seguros era una ‘necesidad’, pero que habría que pensar en algo que involucrara ‘otros aspectos del sistema’. En resumen, que se volviera a empezar… Una manera disimulada de regresar el Proyecto a los archivos, donde estuvo durmiendo desde el 2006 y otros, incluso, antes. Recién reaccionaron cuando se aprobó el Dictamen de la Comisión de Economía. En el mercado se sabía que no querían que saliera la norma, pero ante los hechos consumados trataron de modificarla sin conseguirlo del todo y ahora están intentando que sea observada, pero no con la intención de perfeccionarla, como dicen, sino de empantanarla en el Congreso, por el período más largo posible. Hay, sin embargo, que agradecer a Felipe Morris su declaración que implícitamente acepta la constitucionalidad de la norma, lo que evitará una acción de constitucionalidad cuando sea promulgada.

La gran oposición a la nueva ley, no es porque, como dicen, incrementará las primas, sino porque reducirá las utilidades de las compañías de seguros, cuya evolución debería revisarse, ya que mientras los costos de los seguros han ido aumentando en desmedro de los asegurados, aquellas se cuentan en miles de millones desde hace varios años.

Los cuestionamientos que ha hecho APESEG a la norma, tuvieron respuesta anticipada en mi artículo ‘Ventajas para el asegurado y para el sistema’ publicado en el diario ‘Gestión’ el jueves 8 del presente mes. Sólo me queda insistir en que el artículo 21, que pone fin al abuso de la ‘suspensión automática por mora en el pago de la prima’ y evitará algo que los aseguradores prefieren no mencionar: actualmente cobran primas por períodos en que no dan cobertura. Alguien debería hacer un cálculo de cuánto significa en sus utilidades este enriquecimiento indebido, que la norma elimina y disgusta a las compañías de seguros. Ésta no elevará las primas, como quieren hacernos creer. Por lo demás, el texto de este artículo es el que propuso la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP’s (SBS), copiando la legislación española, cuando fue consultada, originalmente, por el Congreso.

En relación al dolo y la culpa inexcusable, afirman que será motivo de fraude, cuando la verdad es que se trata sólo de que estamos abandonando la doctrina inglesa, reemplazándola por la Continental Europea, que nos corresponde, porque nuestro Derecho no es jurisprudencial. La alternativa escogida es que en caso de declaraciones inexactas no dolosas, se disminuya proporcionalmente a su importancia el monto de la indemnización, en vez de anular el contrato, como ocurre, todavía, en el Derecho inglés, pero que, como se puede verificar, ahora se está revisando, por haberse quedado solo en esa posición. En verdad, lo que incomoda a los aseguradores es que dejarán de tener la enorme discrecionalidad que les permite pagar siniestros a los grandes y no a los pequeños.

La crítica al plazo para la liquidación de siniestros no resiste análisis, ya que la inmensa mayoría son y pueden ser liquidados en el establecido en la norma (30 días). Son pocos y excepcionales los que requieren uno mayor, para los que la ley permite solicitar una ampliación ante la SBS. La respuesta a la crítica al plazo de prescripción para casos de beneficiarios de seguros de vida, es que se cuentan desde la fecha en que aquéllos tomaron conocimiento, al igual que en la mayor parte de legislaciones en el mundo. Por último, contra lo que sostienen, no hay riesgo que haya tropiezos con los reaseguros, porque la norma ha seguido a las legislaciones más modernas y si éstas no tienen problema, no ocurrirá nada distinto con la nuestra.