Mientras el ROSSP establecía en su artículo 110 que el Consejo de Administración de las entidades era el responsable último de establecer, mantener y mejorar los procedimientos de control interno adecuados a su organización, así como de formular y aprobar la política de inversión estratégica, la tolerancia global al riesgo y la liquidez de las posiciones en diferentes escenarios, la nueva regulación establece que el Consejo de Administración ya no es solo responsable último del control interno y la política de inversiones, sino que de forma adicional es también el responsable último de la gestión integral del riesgo. Esto implica esencialmente que al Consejo de Administración le corresponde la identificación, valoración, gestión y monitorización de los riesgos.

Para asumir la gestión integral del riesgo y abarcar los distintos ámbitos de responsabilidad que le competen, es necesario que la estructura del Sistema de Gobierno esté perfectamente definida. En este sentido, conforme al artículo 65.3 de la LOSSEAR, el Sistema de Gobierno de las entidades contará en lo sucesivo, al menos, con cuatro funciones esenciales: Gestión de Riesgos; Verificación del Cumplimiento (o cumplimiento normativo); Auditoría Interna y Función Actuarial.

La situación actual incorpora la dificultad añadida de que, los nuevos requisitos regulatorios, no solo se reflejan en normas nacionales domésticas de transposición de la Directiva de Solvencia II, sino que gran parte de dichos requisitos están recogidos en el Reglamento Delegado de Solvencia II, en varias de las Directrices de EIOPA y en las distintas Órdenes de la DGSFP, lo que obliga a realizar de forma continuada un análisis global y activo tanto de la normativa emanada de las autoridades nacionales, como de la interpretación que éstas hagan de la normativa europea, sea o no directamente aplicable.

En este sentido, recientemente se han publicado (i) la Orden ECC/664/2016, de 27 de abril, por la que, entre otras medidas, se aprueba la lista de información a remitir por quienes pretendan desempeñar cargos de dirección efectiva o funciones que integren el Sistema de Gobierno en entidades aseguradoras y reaseguradoras, en lo relativo a los requisitos concretos de aptitud y honorabilidad de las funciones fundamentales y miembros del órgano de gobierno; y (ii) el informe definitivo de EIOPA sobre las Guías Preparatorias en materia de Gobernanza de Producto.

En esta nueva situación, la Gobernanza de Producto se erige en uno de los elementos centrales de los requerimientos de auto-regulación y se ve afectada tanto por Solvencia II, en tanto en cuanto es parte relevante del Sistema de Gobierno, como por la Directiva IDD que le dedica su artículo 25, según el cual las empresas de seguros, así como los mediadores que diseñen productos de seguro, mantendrán, gestionarán y revisarán un proceso para la aprobación de cada uno de los productos, así como para adaptaciones significativas de los ya existentes, antes de su comercialización o distribución a clientes.

El nuevo concepto de la Gobernanza de Producto se introdujo por primera vez en el acervo normativo europeo con MiFID 2, y se está extendiendo a los ámbitos bancario y asegurador.

oficinaLa Gobernanza de Producto no solo consiste en establecer un mero mecanismo interno de aprobación de productos (que ya existía en muchas entidades), sino que ha de incorporar un proceso integrado íntimamente ligado al objetivo último de este nuevo frente normativo, la protección del tomador. Por esta razón, la Gobernanza de Producto en cada entidad debe prever de forma coordinada los siguientes aspectos: (i) definición del público objetivo, (ii) evaluación de los riesgos potenciales para dicho público objetivo, (iii) coherencia con la estrategia de distribución, (iv) medidas para garantizar que los productos se distribuyen en el mercado destinatario definido, (v) puesta a disposición de toda esta información a otros distribuidores en los eventuales acuerdos de distribución y (vi) revisión periódica del comportamiento de los productos de seguros respecto del riesgo potencial para evaluar si siguen respondiendo a las necesidades del público objetivo, con la correspondiente modificación de los mecanismos internos cuando la revisión evidencie tal necesidad. 

El citado artículo 25 de la IDD se desarrolla ampliamente en el mencionado Informe de EIOPA sobre las Guías Preparatorias (21) en materia de Gobernanza de Producto, las cuales establecen obligaciones específicas tanto para aseguradoras y mediadores que crean productos de seguro para su venta a clientes, como para distribuidores de productos de seguros que ellos no elaboran.

Según estas guías, el fabricante de un producto de seguros debe establecer mecanismos y procedimientos apropiados para diseñar, monitorizar, revisar y distribuir productos a consumidores; así como tomar medidas respecto de productos que puedan causar un perjuicio a los consumidores, para lo cual debe elaborarse una política interna de actuación y debe formarse en dicha política al personal relevante.

Los mecanismos de control tendrán como finalidad última la de prevenir y minimizar el perjuicio a los clientes, así como proporcionar una gestión adecuada de los conflictos de interés y asegurar que los intereses y objetivos de los clientes sean tenidos en cuenta.

Sede de EIOPARespecto del público objetivo, el fabricante debe establecer las características de los productos que diseña y fijar canales de distribución identificados alineándolos con los intereses, objetivos y características del público objetivo; y debe también identificar negativamente dicho público, localizando grupos de clientes para quienes el producto no se considere alineado con sus intereses, objetivos y características.

Además, el personal involucrado en el diseño de productos deberá poseer las aptitudes, conocimientos y experiencia necesarios para entender adecuadamente las principales características del producto, así como las características del público objetivo. Por esta razón, cuando la entidad aseguradora, de conformidad con el Anexo II, el artículo 8 de la Orden ECC/664/2016 y el artículo 18 del ROSSEAR, remita a la DGSFP la información sobre aptitud y honorabilidad de quienes desempeñen cargos de dirección efectiva o titularidad de funciones, habrá de cuidarse de acreditar que las personas designadas cuentan con los conocimientos y experiencia necesarios.

A mayor abundamiento, antes de la comercialización de productos de seguro, el fabricante deberá llevar a cabo tests del producto, incluyendo en su caso, análisis de escenarios que permitan comprobar si el producto está en línea con los objetivos para el público objetivo a lo largo de la vida del producto. No deberán lanzarse al mercado productos si los resultados de los tests muestran que el producto no está alineado con dichos intereses y objetivos; y una vez el producto está distribuido, el fabricante deberá monitorizar que el producto siga alineado en dichos términos.

Cuando el fabricante identifique, durante el ciclo de vida del producto, circunstancias que puedan provocar el perjuicio del cliente, deberá tomar medidas para mitigar la situación y prevenir la reaparición del perjuicio.

El fabricante estará además obligado a seleccionar, con prudencia, los canales de distribución y los distribuidores apropiados en función de las características concretas del producto y del público, así como proporcionar a esos distribuidores información suficiente para que comprendan y sitúen el producto adecuadamente en su público objetivo tanto en términos positivos como negativos.

reunion mesa consejo administraciónLos requerimientos que hemos apuntado revelan que la función que se ve más afectada internamente es la función de Cumplimiento Normativo, en cuyo ejercicio reside la responsabilidad respecto del establecimiento, implementación, revisiones y cumplimiento continuado interno de los referidos mecanismos. Por esta razón, a la hora de configurar los cometidos y estructura organizativa del sistema de control interno y su verificación del cumplimiento normativo, deberán tenerse en cuenta los requerimientos y obligaciones mencionados en materia de Gobernanza de Producto.

En último término, el fabricante del producto de seguros asume en todo caso la responsabilidad del cumplimiento de los requisitos en materia de Gobernanza de Producto, sin que le exima de dicha responsabilidad la externalización a un tercero del diseño del producto. “Se delega el trabajo, no la responsabilidad”.

De todo lo anterior se desprende la extraordinaria incidencia que tanto el Pilar 2 de Solvencia II, como la Directiva IDD, tienen y van a tener sobre el Sistema de Gobierno de las entidades aseguradoras. Para que ello no afecte negativamente al modelo de negocio y de distribución de la compañía, las entidades han de realizar un importante esfuerzo de adaptación partiendo de un análisis estratégico global previo que permita la revisión del Sistema de Gobierno, incluida la Gobernanza de Producto, para el adecuado cumplimiento de todos los requisitos regulatorios. Todo un reto.

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