La Asociación Global de Federaciones de Aseguradoras (GFIA, por sus siglas en inglés) ha editado el informe ‘Prestación de Retiro para el envejecimiento de la población’, en el que aborda los impactos que tendrá en el futuro de la jubilación de las personas la actual transformación demográfica mundial, caracterizada por una reducción de las tasas de natalidad y de un aumento de la expectativa de vida.

En conjunto, estas dos tendencias están llevando a una “dramática disminución” en la relación de trabajadores y jubilados en muchos mercados, al tiempo que aumenta la edad de las poblaciones, incluso en las “naciones jóvenes”, asevera el informe. Por otra parte, se suma la volatilidad económica y la reducción por parte de las empresas para mantener los sistemas tradicionales de pensiones en el trabajo. El estudio afirma que esta situación hará que muchos países se enfrenten a enormes dificultades para mantener un nivel de vida adecuado para los jubilados sin tener que recurrir a los ingresos de los trabajadores.

Recomendaciones

Como propuestas para solventar este problema, el estudio sugiere un aumento de la sostenibilidad y la diversificación de los sistemas de pensiones, con la prestación de ahorro complementaria y el uso de mecanismos de jubilación adicionales de financiación, más allá de los sistemas de Seguridad Social. Otra recomendación que hacen desde GFIA es la adopción de medidas políticas por parte de los gobiernos con el fin de proteger a los trabajadores que tienen pensiones privadas, garantizando la estabilidad regulatoria y la flexibilidad para la innovación en la industria de seguros, "un proveedor líder de ahorro a largo plazo y de productos garantizados", añade GFIA.

El informe destaca, en este sentido, que las aseguradoras son los principales proveedores de productos de ahorro y de pensiones a largo plazo, y que los políticos deberían asegurar que las regulaciones prudenciales de las aseguradoras no socavan esta función. “Esto significa que el capital requerido para los productos de seguros de Vida deberían reflejar los objetivos de protección de los consumidores más prudentes, pero las inversiones en activos a largo plazo (por ejemplo, infraestructura) no debería ser desalentadas por la regulación”.