En concreto, se trata de los contratos para la gestión de la asistencia sanitaria en los hospitales de La Ribera, Torrevieja, Denia, Manises y Elche, que fueron firmados entre 2003 y 2010 y afectan a las prestaciones sanitarias de casi un millón de ciudadanos, en torno al 20% de la población.

El acto sirvió para anunciar, por parte de la consejera de Sanidad Universal y Salud Pública, Carmen Montón, la intención de incorporar en los contratos un listado de penalizaciones “con la voluntad de que existan unas reglas de juego claras ante el incumplimiento de las cláusulas que establece el contrato y los pliegos”.  Destacó que “uno de los aspectos que llaman la atención en los contratos es la renuncia de la Administración a contar con una capacidad sancionadora clara ante posibles incumplimientos o actuaciones potencialmente punibles, ya que no incluyen un régimen de penalizaciones pormenorizado”.  

Esta falta de un régimen detallado de penalizaciones dificulta, según Montón, “tanto la imposición de sanciones como, eventualmente, justificar una posible resolución anticipada del contrato”.

Asimismo, fue contundente al afirmar “que nadie espere que se van a renovar los contratos”. La primera reversión será la del Hospital de Alzira, cuya concesión expira en marzo de 2018.

“La publicación de estos datos entronca con la nueva cultura de transparencia”

Por su lado, el consejero de Transparencia, Responsabilidad Social, Participación y Cooperación, Manuel Alcaraz, resaltó el “valor informativo y simbólico de publicar por fin en el Portal de Transparencia una documentación que afecta a una materia tan sensible como la salud y que, en este caso, arroja luz para entender qué ha sucedido con la sanidad en la Comunitat Valenciana durante años”, tras preguntarse “qué había en esos documentos que no se podía hacer público pese a las peticiones de los grupos parlamentarios durante tanto tiempo”.

Asimismo, ha dicho que "temas que afectan a derechos fundamentales, como la sanidad, no pueden analizarse estrictamente desde la economía porque quienes representamos a la administración pública no queremos obtener beneficios económicos, sino garantizar derechos fundamentales en las condiciones óptimas de calidad".

Montón, mientras, ha explicado que la documentación publicada evidencia que “nunca se ha realizado una auditoría de cuentas; nunca se realizó una auditoria de inversiones; y lo que es peor, nunca se realizó una auditoría asistencial que garantizase la equidad en prestaciones ofertadas por las concesiones respecto de los departamentos de gestión pública”, pese a estar previsto que el adjudicatario se sometiera a una auditoría integral anual realizada por la Generalitat Valenciana.