Según detalla la información avanzada por El País, la Sala I de lo Civil del Supremo rechaza estos argumentos y avala el criterio de la Audiencia Provincial de Madrid, que consideró que no había quedado desvirtuada la veracidad de los datos sobre su situación económica proporcionados por el asegurado a la aseguradora con anterioridad a la suscripción del contrato de seguro de Vida. Asimismo, la Audiencia de Madrid descartó que el asegurado concertase el seguro con la finalidad de suicidarse un año después.

El Juzgado de Primera Instancia número 5 de Alcalá de Henares había desestimado la demanda de la viuda y los dos hijos del asegurado para cobrar cada uno 500.000 euros como beneficiarios del seguro de Vida suscrito por su esposo y padre, respectivamente.

El seguro se suscribió el 15 de abril de 2009, con un capital asegurado de 1,5 millones de euros en caso de fallecimiento, lo que tuvo lugar el 20 de abril de 2010 por suicidio. El juzgado de primera instancia entendió que hubo ocultación por parte del tomador del seguro de datos relevantes sobre su situación financiera, que era muy apurada, y así lo reflejó también en la nota que dejó tras su suicidio, donde aludió inequívocamente a esos problemas económicos y a ningún otro, con la frase “Para sacar adelante a mi familia”.

Sin embargo, la Audiencia de Madrid revocó ese fallo y estimó el recurso de la familia. Destacó que los informes presentados por las partes sobre la situación económica del asegurado son contradictorios, que parten de criterios valorativos diferentes, sin que existiesen otros elementos probatorios suficientemente contundentes para atribuir mayor credibilidad a uno u otro informe. Por ello, entendió que no ha quedado desvirtuada la veracidad de los datos proporcionados por el asegurado a la aseguradora, con anterioridad a suscribir el contrato de seguro.

El Supremo, ante quien recurrió la compañía, resalta que la conclusión de la Audiencia Provincial “no es ilógica, irracional ni arbitraria, y tampoco puede predicarse que incurra en error patente, por lo que rechaza los argumentos de la recurrente”. “Se pretende, con técnica casacional rechazable, una revisión total de la prueba practicada cuando la única prueba a que la recurrente contrae el motivo es la pericial”, se añade.

Intereses de demora

Además, también desestima su pretensión de no pagar los intereses de demora que le impuso la Audiencia, para lo que alegaba como causa justificada la existencia de incertidumbre sobre la cobertura del siniestro que había hecho precisa la intervención de la justicia por la discrepancia de las partes.

La sentencia, de la que ha sido ponente el magistrado Eduardo Baena, contesta que “si en toda reclamación con fundamento en un seguro de Vida se permitiese que esa alegación, luego no probada, se constituyese en causa justificada para verse exonerada la aseguradora del pago de los intereses del artículo 20 de la Ley de Contrato de Seguro, per se y sin algo más que la reforzase, se haría una interpretación no restrictiva y, por ende, contraria al carácter sancionador que se le atribuye a la norma”.