El texto de la citada orden señala que, a partir de la documentación enviada por las entidades intervinientes,  “y una vez transcurrido el plazo otorgado para subsanar las deficiencias observadas, se concluye que no se ha dado cumplimiento a los requisitos establecidos en el artículo 23 del Texto Refundido de la Ley de Ordenación y Supervisión de los Seguros Privados, y en el artículo 70.1 del Reglamento de Ordenación y Supervisión de los Seguros Privados, aprobado por Real Decreto 2486/1998, de 20 de noviembre”.