Ahora, según denuncian diferentes organizaciones ecologistas y publica el diario 'El País', la reforma que prepara el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente exime al 98% de esas empresas, para las que empezarán a ser garantías voluntarias.

Según el borrador que maneja el ministerio de Arias Cañete, la idea es “simplificar ciertos aspectos” de la aplicación del régimen de responsabilidad medioambiental estipulado en la Ley 26/2007.

El ministerio argumenta que ha eximido a las actividades "con escaso potencial de generar daños medioambientales y con bajo nivel de accidentalidad". De esta forma, solamente quedarán obligadas a estas coberturas empresas como las cementeras, las grandes químicas olas centrales de energía eléctrica.