En el escrito remitido por los responsables del seguro del petrolero accidentado en Galicia en noviembre de 2002, del que ayer se hacía eco La Vanguardia, expresan múltiples pegas a las reclamaciones del Estado y de la Xunta, que en ocasiones consideran “gastos”, pero no elementos indemnizables. Igualmente, creen una “incongruencia” que la Fiscalía reclame más para el Estado que la propia Administración para sí misma.

Por otro lado, la aseguradora defiende que deben excluirse a todos aquellos afectados -más de 18.000- a los que el Estado adelantó la compensación o a aquellos que no acrediten de forma eficiente tanto los daños directos como el lucro cesante. Por ejemplo, destaca el diario, niega el daño del vertido a las empresas comercializadoras o de compraventa de pescado y marisco, “pues bien podían abastecerse en otros mercados”. También rechazan “de pleno” cualquier compensación por daños morales y ecológicos.

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