Según el comunicado, el proyecto está “destinado al fracaso por cuanto recauda de forma inequitativa los aportes de los medios; el universo de beneficiarios es incierto; el Consejo Directivo que administrará los recursos tendrá mayoría gubernamental; hay carta libre para desembolsar los recursos y, en consecuencia, grandes posibilidades de fomentar la corrupción. En la primera observación, se ve que la ley confiscará hasta el 1% de ingresos brutos a medios privados, pero los productores independientes, autogestionarios, medios de pueblos indígenas, campesinos y comunidades interculturales sólo tributarán el 0,25%”, según se hace eco el diario ‘Los Tiempos’.

Así, según el documento de la ANP “un proyecto de seguro serio debe considerar el número de beneficiarios antes de crear el fondo”. Sin embargo, en este caso se deja abierta la lista a medios comunitarios y de organizaciones no gubernamentales (ONG), las cuales, además, no tributarán. También se observa que el Consejo Directivo tendrá seis miembros del gobierno (tres funcionarios del Ministerio de Comunicación, dos del Ministerio de Trabajo) y uno del de Salud.

La Confederación de Trabajadores de la Prensa de Bolivia tendrá tres representantes y los contribuyentes al fondo (los empresarios de medios de comunicación) sólo dos. El Consejo Directivo, además, tendrá “carta blanca” para gastar, pues, según el proyecto de ley, podrá “fiscalizar y contratar” los seguros, tendrá atribuciones para usar “las disponibilidades del fondo, luego de cubiertas las primas de seguro de vida, contra accidentes y enfermedades en general”. “Los antecedentes señalados anticipan una administración discrecional y a la sombra de la corrupción heredada por el Focssap en el pasado reciente”, concluye el comunicado de la Asociación Nacional de la Prensa.