A pesar de que sostiene que el sistema tiene hoy más aspectos positivos que negativos, el también gerente general de la ART ASOCIART considera que entre los aspectos que podrían mejorarse está la necesidad de una ley que defina cuáles son los daños cubiertos por las nuevas prestaciones dinerarias o la modificación de los artículos cuestionados, como el que pretendió impedir el acceso a la demanda civil contra las empresas por parte de los trabajadores, según se hace eco ‘La Nación’.

“Tenemos 8,5 millones de trabajadores cubiertos; hoy hay más prevención que en los últimos 100 años; una alta proporción de lo recaudado vuelve en servicios con una gestión médica de primer nivel y con prestaciones integrales y de por vida; se ha reducido la siniestralidad y el seguro tiene indemnizaciones superiores a los de países con regímenes comparables, como Chile y España”, explica.

ASPECTOS LEGALES A MEJORAR

Además, sostiene que “hay que aspirar a una fórmula óptima de cuantificación del daño”, ya que “el desafío es producir una armonización en cuanto a lo que reciben las víctimas”. A su juicio, aunque el decreto de 2009 mejoró los pagos, dando lugar a “una excelente reparación sistémica”, hoy sigue estando “la concurrencia de la litigiosidad”. “Eso lo atribuimos a que no hay norma que articule adecuadamente las reparaciones del sistema especial con el general, que es la justicia civil. En el diseño del sistema de reparación se deben sopesar aspectos sustanciales, como la inmediatez en el acceso a las prestaciones y la mayor certidumbre sobre las responsabilidades. Hoy se corrió el eje de la transacción ideal y se produjo una desarmonización del modelo con riesgo de injusticia”, argumenta.

Por ello, aboga por el establecimiento de una ley que establezca la reparación adecuada y en la que se incluya el daño moral. “Creo que la mejor cuantificación es discutir qué es lo que se repara con el sistema especial y si es suficiente en términos de lo que la sociedad define como razonable”, indica.

SITUACIÓN DEL SISTEMA

Preguntado por el nivel de siniestralidad de las empresas, señala que en 2011 “el índice de fallecidos equivalió al 43,8% del que hubo en 1997 y el índice de incapacidades se redujo al 76,8% del que se había dado en aquel año. Entre los fallecimientos, los que son en el lugar de trabajo se redujeron del 68 al 60%”.

Asimismo, sobre la situación en la que se encuentra el negocio de las ART reconoce que, dado el problema de la judicialidad, “el negocio viene con una rentabilidad negativa y de alguna manera requiere el ajuste para reencauzarlo técnicamente”, si bien los índices de solvencia “están estables”, continúa “tendiendo a desmejorar por esta rentabilidad negativa técnica”. “Los accionistas están alerta y buscan la forma de capear el temporal. Para los empresarios, somos una solución a un problema; no tener ART es un acto empresario de imprudencia de administración”, concluye.

Finalmente, adelanta que el próximo mes de julio el conjunto de las ART abrirá el centro de recalificación profesional Recalificart, para dar servicio a quienes requieran lograr la reincorporación a la vida laboral de un trabajador que, por un accidente, haya quedado impedido para realizar las tareas que le eran habituales. Para equipar el lugar se ha realizado una inversión inicial de 3 millones de pesos (665.484 dólares) y se estima que se invertirá una cifra similar en el primer año de operaciones. “Para el primer año estimamos que habrá 1.700 beneficiarios atendiéndose en el nuevo centro, y con un crecimiento gradual, se llegará a los 3.500 por año”, detalla.

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