La incertidumbre política en la que se encuentra inmerso nuestro país no ha impedido que ya se hayan mantenido las primeras reuniones de trabajo entre representantes de la Mediación y miembros de la DGSFP, pues los plazos establecidos son, en principio, inamovibles.

Así, se sabe que, tras la entrada en vigor del texto de la IDD el pasado 3 de febrero, hay tres fechas que marcan su desarrollo e implementación: el 23 de febrero de 2018 es la fecha límite para haber realizado la transposición a las  diferentes normativas de los países de la UE; el 23 de febrero de 2019 será la fecha límite para que todos los afectados se hayan adaptado; y el 23 de febrero de 2023 finalizará el plazo para ver cómo se ha adaptado la directiva en cada uno de los países.

No obstante, aunque ya se cuenta con un texto sobre el que trabajar, a lo largo de las diferentes intervenciones de la jornada de hoy ha quedado de manifiesto que aún hay una serie de aspectos pendientes, que vendrán marcados por Bruselas, Fráncfort  y, en nuestro caso, España. Pero lo cierto es que, con independencia de las directrices que marque el EIOPA, y otros organismos como EBA o ESMA, en España ya existe una preocupación que es compartida por representantes de la Mediación y de las compañías: que se llegue a una hiperregulación que modifique los modelos de negocio de tal forma que contribuya a la desaparición de algunas figuras reguladas y cuya existencia es buena para el mercado.

 

Imagen de la jornada sobre IDD celebrada en Madrid

 

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