El documento elaborado por Rafael Doménech, José Luis Leal, José María Fidalgo, Felipe Serrano, Victor Pérez Díaz y Juan Manuel Eguiagaray, que preside el grupo, se entregará al Gobierno, a los partidos políticos, a sindicatos y otras asociaciones.

Entre los planteamientos del informe se defiende que, manteniendo el sistema de reparto intergeneracional, se sustituyan los mecanismos de prestación definida actuales por un mecanismo de aportación definida. En el momento de la jubilación, anticipada o no, la pensión de cada cotizante pasa a ser la suma de todas sus aportaciones a lo largo de su carrera (debidamente actualizadas) dividida por el número de años que se espera que viva una vez retirado; este número de años se determina para todo el colectivo de su generación.

CERTIDUMBRE EN LA PRESTACIÓN ESPERADA

Las cotizaciones de cada trabajador, desde el primer día, pese a gastarse en el pago de las pensiones de sus mayores (sigue siendo un sistema de reparto), se anotan en una cuenta virtual o nocional, cuyo monto expresa el valor de los derechos que va acumulando. Según los expertos, esa fórmula proporciona certidumbre a la prestación esperada, pese a conocer solo la aportación, puesto que tal fórmula es fija desde el inicio. En el mecanismo actual, a juicio de los expertos, pese a conocer supuestamente la prestación, puede ser modificada legalmente por cambios bruscos en los parámetros que la determinan, como ha pasado cada ocho años desde 1980.

Se argumenta, además, que con esta fórmula no hay barreras de entrada en el modelo contributivo y no hay límites de años. Además, este mecanismo es equitativo entre generaciones, porque evita trasladar al futuro el coste de los excesivos compromisos actualmente garantizados por la norma y el de las reformas no hechas en su momento.

Con este modelo, que debería tener fórmulas de revalorización en las aportaciones y en las pensiones, una parte importante de la sostenibilidad estaría en la esperanza de vida de cada generación, pero debe tener también elementos adicionales que restauren el equilibrio financiero cuando se descuadren recursos y gastos. Además, aporta neutralidad, dentro de unos límites flexibles; cada trabajador se jubila a la edad que desea y, en función de ello, se fija su pensión.

TRANSICIÓN

Uno de los problemas que plantea un sistema como este de “cuentas nocionales” es la transición desde el sistema actual. Puesto que este ofrece garantías por ley, deben ser respetadas para los ya pasivos y aquellos que lo serán en un número determinado de años; podría ensayarse para menores de 50 años.

El nuevo sistema supondría la exclusión del mecanismo contributivo de la viudedad y pensiones asistenciales, para financiarlas con impuestos. 

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