Para garantizar esta pensión, como señala La Republica, las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) deben de contratar un seguro de renta vitalicia que se enfrenta a los riesgos de la extralongevidad (vivir más allá de lo que marcan las tasas actuariales) y el riesgo financiero (que la inversión no sea suficiente para generar reservas y cubrir los gastos). La dificultad a la que se enfrenta el sector es no poder cubrir el riesgo del aumento del salario mínimo. Así, dar rentas vitalicias a quienes cotizan entre uno o dos salarios mínimos a personas próximas a la edad de jubilación es complicado por el encarecimiento anual y la inflación.

El esfuerzo de Gobierno y sector asegurador iría encaminado a que las compañías pudieran prestar este servicio. El reto es “establecer el mecanismo de cobertura que permita a las entidades aseguradoras de Vida cubrir el riesgo del deslizamiento del salario mínimo que presentan las pensiones en la modalidad de renta vitalicia inmediata y renta vitalicia diferida, de acuerdo con el artículo 45 de la Ley 1328 de 2009”, según se lee en el decreto.

El presidente de Fasecolda, Jorge Humberto Botero, ha señalado que la contratación de estos productos es “conveniente para financiar una pensión de retiros”. Con ello las compañías se obligan a pagar una cantidad estable por la inflación año a año hasta que la persona aseguradora fallezca. Indica también que actualmente “aquellos afiliados que están cerca a pensionarse y cotizan muy cerca del salario mínimo, no pueden acceder a una renta vitalicia porque las aseguradoras no las pueden pagar por el simple hecho de que se tienen que ajustar en función de la dinámica del salario mínimo, lo que genera pérdidas y agotamiento de sus fondos”.

Botero afirma que con el proyecto en marcha las compañías podrían expedir más rentas vitalicias a personas de bajos recursos sin riesgo de agotar sus reservas.