Ha explicado que el sector asegurador se encuentra inmerso en el proceso de modificación de la Directiva de Mediación europea, “por lo que primero habría que acordar esta novedad con todos los Estados miembro y, después, incorporarla al derecho interno”.

Durante el turno de preguntas, la diputada socialista María José Vázquez Morillo  ha apuntado que, ante la obligación de que la persona que va a contratar un seguro tenga información previa, también debería existir la obligación de leer esa información, “ya que las preferentes, por ejemplo, se firmaban un poco por la confianza en la persona, en la entidad que lo estaba poniendo delante”.

Para Rodríguez-Ponga, existen cuatro fortalezas “que son importantes en la venta, en la supervisión y en la gestión de las operaciones de seguro: la información previa, las cláusulas limitativas de las operaciones de seguro, el derecho de desestimiento y la formación en la mediación de seguros”.

En el primer caso, la DGSFP considera que tiene un “rango esencial” en lo que es la venta de las operaciones de seguro, “porque en esa documentación previa se recogen, a efectos del consumidor, todos los elementos esenciales de la operación”. En cuanto a las cláusulas limitativas, ha indicado que deben estar en el contrato “destacadas de una forma especial, y el asegurado también debe firmarlas atestiguando que las acepta”. Y sobre el periodo de desestimiento,  ha señalado que hay dos plazos, “según se trate de venta a distancia o seguros de Vida”. En el primer caso, el plazo es de 14 días, mientras que en el segundo es de 30, “siempre que se trate de seguros individuales con una duración superior a seis meses”.

Cuestionada por la diputada del Grupo Popular Andrea Fabra Fernández acerca de si con la existencia de la figura de un comisionado para la defensa de los servicios financieros se podrían haber evitado demoras en los procesos de reclamación, la directora general de Seguros y Fondos de Pensiones ha afirmado que ésta debería haberse hecho efectiva a lo largo de los años 2004 y 2005. “No se hizo efectiva y podría haber servido como instrumento para un grado de coordinación mayor entre los sistemas de reclamación”, ha aseverado Rodríguez-Ponga, quien ha matizado que las resoluciones que realiza el organismo “no son vinculantes, aunque hay una serie de instrumentos que hace que sean efectivas”.

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