González Gaviola también aseveró que "no se eliminó" la posibilidad de reclamo judicial si el trabajador no está de acuerdo con el pago ofertado ante un daño laboral sufrido. "Esta ley habilita la vía judicial, no la prohíbe, pero sí deshabilita el cúmulo", es decir, aceptar la suma ofertada y apelar al mismo tiempo a reclamar más ante la Justicia, informa la agencia ‘Telam’.

El funcionario participó de la inauguración del Segundo Congreso Internacional de Seguridad y Salud Ocupacional 2012, organizado por la Unión de Aseguradoras de Riesgo del Trabajo (UART). Durante el evento, el presidente de la UART, Jorge Aimaretti, calificó como "trascendental" la Ley 26.773, de ordenamiento de la reparación de los daños derivados de los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales.

"Agrega virtuosismo al sistema y desde la reparación de daños, permite articular mecanismos para que quienes deben acceder a los beneficios no terminen siendo penosos y largos, sino que sean rápidos y beneficiosos", señaló Aimaretti.

Por su parte, González Gaviola señaló que "esta Ley nació con muchos cuestionamientos", pero aseguró que la nueva legislación "ataca a un sector oscuro" del sistema que motorizaba la denominada industria del juicio.”Las mayores críticas vinieron desde quienes están interesados en que el circuito de judicialización perdure", subrayó el titular de la SRT, quien aseguró que "la ley que paga mejor y más rápido es la mejor para el trabajador", apuntó el directivo.

Asimismo, puntualizó que "la que existía hasta ahora era una ley egoísta y antiobrera que restringía los derechos de los trabajadores", y remarcó que "esto generaba un circuito judicial muy caro para el sistema y doloroso para el trabajador".

Por último, puso de relieve que la legislación sancionada el mes pasado "es buena para el trabajador porque establece un pago único, contra la renta vitalicia que ofrecía el sistema antes". A lo que añadió que "se garantiza la movilidad indemnizatoria que no existían, a través de ajustes semestrales por el índice RIPTE (Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables), que refleja la evolución salarial". Asimismo, destacó que "para la acción civil se estableció la competencia civil y se acotaron los honorarios profesionales según un régimen similar al vigente en la Ley de Contratos de Trabajo, prohibiendo el pacto cuota litis", que establece una participación del abogado que puede llegar a 60% de lo que cobre el trabajador.

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