Por ello, “resulta esencial que los ciudadanos reciban todos los años en su domicilio una carta con la información que les permita entender cuál es su expectativa futura de pensión pública, en euros de hoy, de modo que puedan adoptar decisiones para planificar su jubilación con suficiente margen de tiempo”, según argumenta el estudio ‘Sector Asegurador: impacto de las tendencias macroeconómicas y demográficas’. “Si no se dispone de la información adecuada, no se podrán tomar las decisiones correctas“, añade.

El estudio ha sido realizado por un equipo dirigido por la presidenta de UNESPA, Pilar González de Frutos, y compuesto por Mercedes Ayuso y Montserrat Guillén, de la Universidad de Barcelona, e Inmaculada Domínguez, de la Universidad de Extremadura. La propia González de Frutos subrayaba ayer en la presentación del trabajo que al sector le preocupa la lenta evolución de la pirámide de ciudadanos con seguros de Salud y el impacto del envejecimiento en pólizas como la de Autos, ya que “quedan pocos años para que el colectivo de conductores mayores de 65 años se convierta en uno de los mayores protagonistas en accidentes de tráfico”.

Durante el acto, José María Fernández-Daza, de Clifford Chance, afirmó que “es evidente que la población conoce el problema de la longevidad, pero esto no se traduce en una necesidad sentida en su propia situación a la hora de determinar cuál va a ser su situación cuando se jubile”. Señaló que la falta de consenso político sobre el futuro de las pensiones dificulta la concienciación de la sociedad española sobre esta cuestión.

Carlos Esquivias, gerente de Vida y Pensiones de UNESPA, alertó de que la previsión social complementaria se concentra en las grandes compañías y prácticamente no existe en las pymes, cuando son el 85% del tejido empresarial del país.

José Luis Sánchez Báscones, director general adjunto de MAPFRE VIDA, comentó que “nos movemos cuando alguien nos lanza estímulos consistentes y creíbles”, lo que explica el escaso éxito del seguro de Dependencia y, en cambio, que esté funcionando la conversión de patrimonio en rentas vitalicias.

Incrementar la colaboración pública-privada

El estudio señala que la contratación de productos que ayuden a complementar la pensión pública presenta tendencias decrecientes en los últimos seis años y culpa de ello a la reducción de las ventajas fiscales, que son el primer incentivo para la contratación de productos de Ahorro Previsión. Los incentivos fiscales son necesarios para desarrollar los seguros de Dependencia y lo mismo sucede con los de Salud. En ambos casos, el estudio pide incrementar la colaboración pública-privada.

El informe de la FEF subraya, finalmente, que el mejor instrumento para la transformación de cualquier patrimonio, no solo inmobiliario, es la renta vitalicia asegurada. Por ello, para impulsar la previsión social empresarial, recomienda la implantación de un sistema de adscripción por defecto del trabajador en un plan de pensiones de empleo, con contribuciones de este, de la empresa y del Estado.