Se destacó que dicho recargo constituye “una medida que se impone al empresario en la inmensa mayoría de los accidentes de trabajo”. El importe medio del recargo es de 150.000 euros y el máximo puede alcanzar los 400.000 euros, cuantías elevadas que pueden abocar a la empresa al cierre y dejar sin prestación al trabajador y sus derechohabientes.

En esta línea, se puso en valor la necesidad social de asegurar el recargo, independientemente de que jurídicamente sea posible o no. “Existe una demanda social generalizada para que se asegure el recargo”, se afirmó en la jornada, y se añadió que “a nadie perjudica el aseguramiento del recargo; al contrario, asegura al trabajador su cobro, y al empresario le evita tener que lidiar con una pérdida patrimonial de gran entidad”.