Eric Holder, fiscal general de Estados Unidos, declaró que el fraude se produjo entre marzo y octubre de 2007, periodo final de la burbuja inmobiliaria, cuando “casi todas las CDO respaldadas por una hipoteca única y calificadas por S&P no sólo dieron un pobre rendimiento, sino que fracasaron”.

“Esta supuesta conducta es indignante, y está en el centro de la crisis financiera (de 2008)”, aseguró Holder en conferencia de prensa. La demanda civil, presentada a última hora de ayer en un tribunal federal de Los Ángeles (California), es la primera acción legal del Gobierno contra una agencia de calificación de riesgo, considerada por autoridades y analistas como un elemento clave en el estallido de la crisis.

En un comunicado, S&P ha manifestado que la demanda “no tiene fundamento” y asegura que se defenderá “vigorosamente” en los tribunales. “Las acusaciones que mantuvimos deliberadamente las calificaciones altas cuando sabíamos que debían ser más bajas son simplemente falsas”, indica. Floyd Abrams, un abogado de la agencia, considera en declaraciones a la cadena CNBC que al Gobierno le resultará difícil probar que S&P manipuló sus calificaciones intencionadamente, al alegar que los empleados de la agencia, igual que muchos funcionarios estadounidenses, no veían venir la crisis en 2007.