Según se puso de manifiesto, para “compatibilizar” la reforma con los fallos de la Corte, el Comité Consultivo previsto por la ley de accidentes de trabajo ha comenzado a implementar modificaciones mediante decretos y resoluciones, encontrándose entre ellas la relacionada con el procedimiento ante las comisiones médicas, un organismo administrativo creado por la vieja LRT, que se encarga de resolver las diferencias entre el trabajador y la ART y constituye la instancia obligatoria antes de acceder a la Justicia.

En su intervención, el titular de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT), Juan José González Gaviola, confirmó que, entre otros cambios, la SRT determinará los grados de incapacidad a nivel nacional, en lugar de las provincias. También se recordó que la semana pasada el ente tripartito (autoridades, empresarios y sindicalistas) resolvió incorporar las hernias, várices y lumbalgias al listado de enfermedades laborales que las ART tienen que cubrir en caso de producirse dichas afecciones a causa del trabajo, lo cual “generará una mayor cobertura (de las dolencias)” e “incrementará los siniestros (por la inclusión de nuevas patologías al listado)”, anticipó.

AUMENTA EL PRECIO DEL SEGURO DE ACCIDENTES LABORALES

Uno de los primeros impactos de la reforma se vio reflejado en las alícuotas que pagan las empresas a las Aseguradoras de Riesgos de Trabajo (ART), lo que despertó críticas en la Unión Industrial Argentina (UIA), ya que se ha incrementado el valor de las prestaciones dinerarias y se ha ampliado el listado de enfermedades profesionales, por lo que las compañías han comenzado a aumentar el coste del seguro de accidentes laborales.

“Ya están llegando aumentos en las alícuotas que pagan las empresas a las ART de hasta el 500%, de modo que va a ser dramático para las compañías. Las grandes tienen mayor poder de negociación, pero para las chicas es un salto”•, advirtió el moderador de la conferencia, Julián de Diego. No obstante, el funcionario también reconoció déficits en materia de prevención, control y siniestralidad, por lo que el organismo que dirige realizó denuncias penales contra las ART.

El representante de la UNIÓN de ART (UART), Carlos Marín Rodríguez, realizó un “balance positivo” de la reforma a la ley porque, a su entender, da respuesta a los puntos que eran cuestionados en el régimen preexistente, respecto del nivel de prestaciones, las enfermedades, la prevención, el aseguramiento y la responsabilidad civil. “El piso de la indemnización por muerte en accidentes de trabajo pasa a ser de 700.000 pesos (145.759 dólares). Los valores son más atractivos”, aseguró en referencia a la actualización del monto de reparación por fallecimiento de la víctima. “Lo que no puede resolverse es una reforma más integral de las comisiones médicas, por lo que ahora el comité consultivo busca darles más certeza jurídica”, sostuvo el experto.

MAYOR SINIESTRALIDAD Y FIN DE LA ‘DOBLE VÍA’

La visión de la Justicia la otorgó el juez nacional del Trabajo Julio Grisolía, quien examinó el nuevo régimen legal sobre accidentes laborales, destacando “la eliminación del pago en renta periódica, el incremento de la indemnización y el resarcimiento adicional del 20%”, que percibirán los trabajadores que acepten el monto propuesto por la aseguradora. Sin embargo, reconoció que la ley también contiene “aspectos negativos”, como la exclusión de enfermedades no listadas (a pesar de que la recientes incorporaciones), el funcionamiento de las comisiones médicas y la ausencia de cualquier referencia a la prevención y las condiciones de trabajo en la nueva normativa.

“Hay más siniestralidad porque hay más empleo, y por la falta de prevención y adecuación de las condiciones de trabajo”, señaló. De acuerdo con datos de la SRT, los casos registrados se acercan a los 600.000, y si se incorpora a los no registrados, los accidentes laborales mortales llegarían al millón.

Uno de los temas que atrajo la atención de los profesionales y especialistas durante la conferencia es el destino que tendrá, tras la reforma, la eliminación de la denominada ‘doble vía’ o cúmulo, que permitía hasta ahora reclamar a la ART e iniciar al mismo tiempo una causa judicial. Esto significa que el trabajador debe optar entre la indemnización de la ART sin posibilidad de reclamar luego a la Justicia, y el resarcimiento otorgado por tribunales civiles, con la condición de renunciar previamente a la prestación prevista por ley.

Por su parte, el abogado Marcelo Aquino, socio del estudio Baker&Mckenzie, se mostró más crítico de la nueva normativa ante la incertidumbre que, a su entender, genera el articulado. “No sabemos cómo se va a aplicar la reforma porque no es clara para el trabajador, el empleador ni para la Justicia”, aseguró. En una crítica a la eficacia de las ART, advirtió que el índice de siniestralidad es “muy alto” y que “genera problemas para el empleador -por el ausentismo-, y para el trabajador”.

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