Durante cuatro horas, Raúl Casado, subdirector general de Ordenación y Mediación en Seguros de la DGSFP, realizó una minuciosa explicación de los artículos que conllevan mayores novedades para el sector y respondió a dudas y preguntas de los asistentes. Una idea sobre la que insistió de forma especial es que la fecha de entrada en vigor de la Ley está establecida por Europa para el 1 de octubre de 2018; esa fecha es inamovible, lo que supone que el periodo de adaptación finalizará en ese momento.

Es decir, si en nuestro país la LDSR entrase en vigor el 20 de septiembre ‘el periodo de adaptación’ finalizaría el día 1 de octubre; en el supuesto de que en España la ley estuviese activa el 15 de octubre no habría periodo de adaptación y en ese momento, junto con la ley, también entrarán en vigor los tres reglamentos que complementan la legislación sobre las obligaciones de información y normas de conducta. Es bastante probable que en nuestro país quede suprimido el plazo de adaptación de tres meses, pues la futura Ley aún está pendiente de trámites, que requieren tiempo, antes de ser aprobada y entrar en vigor.

Dos bloques importantes

mapfreCasado dividió su intervención en dos partes partiendo de la estructura de ley: el primer bloque, que incluye los artículos del 1 al 45, se centra en el esquema de distribución; el segundo, que va del artículo 46 al 85, recoge las obligaciones de información y normas de conducta.

Uno de los puntos de debate fue el mediador de seguros complementarios y las excepciones que hacen que quede exento de los requisitos que se le piden para acceder y ejercer la actividad de distribución. Otro punto de interés fueron los comparadores; en este sentido, además de definir qué se entiende por comparador, también llamó la atención sobre la importancia del punto 3 del artículo 8, en el que se indica que los distribuidores que se sirvan de sitios web y otras técnicas (como por ejemplo una app) para distribuir deberán elaborar políticas escritas que garanticen la transparencia; estas ‘políticas’ deberán estar a disposición de la DGSFP y han de recoger unos parámetros mínimos que están enumerados en el citado apartado. 

La venta cruzada, la obligación de información y normas de conducta, la gobernanza de productos, los PRIIPS…. también fueron puntos de interés y debate. Sobre formación se dijo que desaparecerán las pruebas de aptitud que hasta ahora realizaba el Consejo General para otorgar el certificado del Grupo A; la última convocatoria es la de 2018. También se apuntó que los call center que vendan seguros son mediadores, “por ser una figura ajena a la compañía”. Sí se cuestionó si un colaborar externo puede ser un comparador, entre otras cuestiones de interés que pueden generar dudas y que Casado aclaró.