La primera parte de la exposición de Casado versó sobre el ‘Buen gobierno corporativo de los mediadores de seguros’. Comenzó diferenciando la normativa en el ámbito mercantil de la normativa en el ámbito asegurador. En el ámbito mercantil hizo referencias a la Ley de Sociedades de Capital, indicó al auditorio la necesidad de tener presente la próxima reforma del Código Mercantil, así como tener en cuenta el Estudio sobre propuestas de modificaciones normativas realizado por la Comisión de Expertos en materia de Gobierno Corporativo, el Código Unificado de buen gobierno de las sociedades cotizadas, y otra normativa aplicable.

En el ámbito asegurador, clasificó la normativa actual entre la que regula el sector, y la que afecta desde el punto de vista de la mediación de seguros. En el entorno asegurador, recordó que la actual normativa mercantil regula los procedimientos de la Junta General y de la Administración de las sociedades. En el primer caso, se deben tener en cuenta los artículos de 159 a 208 de la Ley de Sociedades de Capital, que regulan las competencias, clases, convocatorias, asistencia representación y voto, constitución y adopción de acuerdos, e impugnación de acuerdos; y en lo referente al órgano de administración, los artículos de 209 a 252, que regulan las formas de organización, prohibiciones y deberes de las personas que ocupan cargos en los órganos de administración, así como la responsabilidad de sus miembros y la delegación de facultades que puede ejercer el órgano de administración.

En cuanto al futuro, solicitó estar alerta ante la reforma del Código Mercantil que -entre otras cuestiones- implica la modificación de la Ley de Contrato de Seguro y que dará mayor protagonismo a la información contenida en las páginas web de las empresas; también se regulará de una manera más detallada la remuneración de los administradores, la periodicidad de las sesiones del consejo de administración y la delegación de facultades.

Casado expuso diferentes reflexiones sobre las implicaciones de la puesta en marcha del proyecto Solvencia II, en la que está trabajando tanto la Administración Pública como el conjunto de la industria aseguradora. A este respecto, hizo una mención especial a los requisitos de aptitudes y honorabilidad de las personas con dirección efectiva y funciones fundamentales en la empresa, y sobre la obligación de notificar cambios aportando la información necesaria para su evaluación. 

El directivo considera que, teniendo en cuenta la Directiva Solvencia II, los requisitos generales establecidos en materia de buen gobierno para las entidades aseguradoras podrían ser en el futuro aplicables a las empresas de mediación, teniendo en cuenta su actividad, su estructura, y teniendo siempre presente el principio de proporcionalidad.

LOS COMPARADORES DE SEGUROS

La segunda parte de su intervención se centró en cuestiones relacionadas con la normativa que afecta a los mediadores de seguros, dividiendo su exposición en tres bloques: los proyectos llevados a cabo por la DGSFP desde la toma de posesión del actual equipo directivo, en 2012; los proyectos en tramitación y que quizás se aprueben antes de julio del presente ejercicio, y los proyectos de futuro que el departamento prevé abordar a medio y largo plazo.

De entre las propuestas ya realizadas, destacó en primer lugar la reorganización de los operadores de bancaseguros, proceso que ha finalizado el pasado 1 de enero y que tuvo gran incidencia con motivo de la reestructuración financiera, y las modificaciones en la presentación de la Documentación Estadístico-Contable (DEC), con la supresión de la presentación de la DEC semestral de corredores de seguros, agentes de seguros vinculados y operadores de banca-seguros vinculados.

En cuanto a los proyectos que tiene en marcha el órgano de supervisión y control, indicó que antes de finales de julio podría estar aprobado el Real Decreto que desarrolle el artículo 2 (Ámbito de aplicación y definiciones) de la Ley 26/2006, dando regulación a los comparadores de seguros ya que “la entidad que utiliza ese comparador debería ser considerada mediador de seguros y por tanto cumplir los requisitos exigidos a los mediadores”. Además, ese Real Decreto también regularía la fijación de un nuevo plazo para la presentación de la DEC anual, adelantándolo al 30 de abril de cada anualidad. Casado comentó la reciente constitución de un grupo de trabajo formado entre la Administración y asociaciones representativas del sector para el análisis y revisión de los modelos que constituirán en el futuro esta información estadística. También hizo referencia expresa a la modificación de la Ley de Contrato de Seguro incluida en la propuesta de reforma del Código Mercantil. En particular, a la postura mantenida por el órgano supervisor de no incluir entre las menciones obligatorias en las pólizas de seguros el importe de la comisión que percibe de la entidad el corredor de seguros.