El evento fue presentado y conducido por Pedro Muñoz, presidente de la organización, que cedió la palabra a José Miguel Alonso, director de Empresas e Instituciones de Banco Santander, entidad patrocinadora del encuentro. Alonso advirtió que el ahorro de las familias españolas se colocó en torno al 15% en 2009, muy por debajo de la media europea, próxima al 34%. Recordó que “las necesidades de gasto público en pensiones crecerán en España en los próximos años”. Estos motivos hacen que se abra “una enorme oportunidad para las aportaciones a los sistemas privados”.

Muñoz, por su lado, ahondó en el escaso ahorro a largo plazo que se produce en nuestro país, dirigido fundamentalmente al ámbito inmobiliario. A ello se suma el aumento de la longevidad y la baja tasa de natalidad, lo que genera una alarma acerca de la sostenibilidad del sistema público de pensiones, conduciendo ya a dos reformas recientes y a una previsible nueva revisión. “Creemos que podemos ser un instrumento válido para afrontar los retos de la economía social”, sentenció. Reclamó ciertas medidas para seguir desarrollando este papel; entre otras, consideró que debería elaborarse una legislación específica acerca de las mutualidades y “que no haya discriminación en el aspecto fiscal respecto a otros instrumentos de previsión social”.

LOS INGRESOS POR PRIMAS CRECEN UN 7,4%

A continuación, Enric Tornos, secretario de CNEPS, expuso las principales magnitudes del mutualismo en nuestro país al cierre del ejercicio 2012. Especificó que en España hay 2,4 millones de mutualistas, reunidos en 400 mutualidades. Los ingresos por primas supusieron 2.832 millones (+7,4% respecto a 2011), y el volumen de activos gestionado alcanzó los 34.835 millones de euros, con un crecimiento del 7,7% interanual. Esta cifra supone el 3,3% del PIB español. El 63,8% de dichos activos está gestionado por mutualidades de vínculo profesional o empleo (incluidas EPSV) y un 29% corresponde a mutualidades individuales. Respecto al perfil de la cartera de inversión, más de dos tercios se dedica a renta fija (56,4% nacional y 11,6% extranjera), seguido de acciones y participaciones en instituciones de inversión colectiva (12,8%) y bienes inmuebles (9,4%).

En cuanto al reparto geográfico, destaca la labor de las mutualidades vascas, que gestionan el 59,2% del total. No en vano, esta región acoge a 205 mutualidades, más de la mitad de las existentes en toda España. Además, las 50 mutualidades de ámbito nacional aúnan el 38,7% del volumen total. Tornos también señaló que las mutualidades representaron el 7,4% del total de ahorro financiero de las familias en 2012, frente al 5,2% que suponían hace cinco años. Para terminar, enunció las propuestas que se están dirigiendo a los distintos organismos, como DGSFP o Seguridad Social.

EL FUTURO DE LA PREVISIÓN SOCIAL

A continuación, Gloria Guadaño, subdirectora general de Ordenación Jurídica de la Seguridad Social, y Carlos Bravo, secretario confederal de Protección Social y Políticas Públicas de Comisiones Obreras, hablaron sobre el futuro de las mutualidades de previsión social ante los nuevos retos del envejecimiento. Guadaño se refirió a la evolución de las mutualidades, su ámbito normativo y la evolución de la legislación. Por su parte, Bravo incidió en la preocupación de los sindicatos tienen por los sistemas de previsión social públicos y privados y señaló que “apuestan intensamente por la previsión complementaria, desde una defensa muy firme del sistema de Seguridad Social”. En este sentido, indicó que el papel de los planes de pensiones y mutualidades como segundo pilar del sistema de previsión social ha tenido “un desarrollo exitoso pero insuficiente”. Según explicó, “la mayor parte de la sociedad no cuenta con ellos, ya que se ha desarrollado esencialmente en grandes y medianas empresas, con niveles salariales por encima de la media”, por lo que hay que incentivarlos en las pymes. Además, insistió en que no se debe incurrir en el error de caer en el “cortoplacismo” y tratar de crear un sistema de previsión social complementario como respuesta a la actual situación de bajada de salarios y de bases de cotización y justificarlo en la desaparición del sistema de Seguridad Social.

A continuación, Concepción Sanz, economista del Servicio de Estudios del Banco Santander, repasó las perspectivas económicas de la Eurozona. Señaló que tras un entorno de volatilidad, la coyuntura ha mejorado en 2013, de modo que “hay factores que indican que el cambio de ciclo puede producirse este año”. Así, indicó que en la Eurozona podría llegar en el segundo trimestre, mientras que en España podría retrasarse hasta el último trimestre del año. Por su lado, Jon Aramburu, miembro de CNEPS, desgranó las propuestas que la organización ha presentado a la Unión Europea para mejorar la previsión social complementaria, que se resumen en la mejora del tratamiento fiscal, la búsqueda del adelanto de la primera aportación y el intento de involucrar a la empresa a través de la negociación colectiva.

VISIÓN DE LOS POLÍTICOS

Cerró la jornada un coloquio moderado por Karmelo Sainz de la Maza, presidente de Elkarridetza, donde varios miembros la comisión del Pacto de Toledo de los distintos grupos parlamentarios expresaron su postura acerca de la sostenibilidad del sistema público de pensiones y su impacto en la previsión social complementaria. Carles Campuzano, diputado de Convergencia i Unió, comentó que “el problema de los sistemas de previsión social no tiene que ver tanto con la demografía como con la crisis”. Carolina España, del PP, pormenorizó las medidas tomadas en esta legislatura “para garantizar la continuidad del sistema de pensiones” y reseñó la importancia de la previsión social complementaria y la necesidad de que entre en la negociación colectiva. Emilio Olabarria, del grupo vasco, puso el foco en los cerca más de 14 millones de dependientes que supone el agregado de jubilados (8,1 millones) y parados (6,2 millones), concluyendo que el principal problema de nuestro sistema de previsión social es la elevada tasa de dependencia. Por último, Magdalena Valerio, del grupo socialista, remarcó la relevancia del Pacto de Toledo como marco de consenso y su papel en la adopción de medidas para configurar un sistema sostenible.