El Tribunal Constitucional considera que el establecimiento de tasas para el ejercicio de acciones judiciales en los órdenes civil, contencioso-administrativo y social "no vulnera, en sí mismo, el derecho fundamental de los ciudadanos a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE); no incumple el mandato de sometimiento de la Administración al control judicial (art. 106 CE) ni tampoco el principio de gratuidad de la Justicia (art. 119. CE)". El legislador, explica la sentencia, "tiene libertad para regular los requisitos del acceso gratuito a la Justicia, siempre y cuando garantice el ejercicio de este derecho a quienes acrediten insuficiencia de recursos para litigar".

La Ley 10/2012 fue impulsada por el Gobierno del Partido Popular, con el ministro de Justicia Alberto Ruiz-Gallardón al frente, pero en febrero de 2015 el Gobierno ya suprimió las tasas para las personas físicas al considerar que podían vulnerar el derecho constitucional de los ciudadanos a la tutela judicial efectiva. Y aunque se mantenía para las personas jurídicas, se eliminaban las tasas variables para las pymes, si el litigio era inferior a 2.000 euros. Ahora, el Tribunal Constitucional ha venido a considerar inconstitucional este artículo 7.2, que podía elevar este variable en función de la cuantía del litigio a los 10.000 euros.

No se devolverán las tasas cobradas

El Tribunal aclara que, en virtud del principio de seguridad jurídica, la declaración de nulidad de las tasas solo producirá efectos "pro  futuro", esto es, en relación con nuevos supuestos o con los procedimientos donde no haya recaído una resolución firme. La sentencia no ordena la devolución de las cantidades pagadas en relación con las tasas declaradas nulas ni en los procedimientos finalizados por resolución firme ni tampoco  en  los  no  finalizados  en  el  que  el  pago  de  la  tasa  se  satisfizo  sin  que  fuera impugnada  por  vulneración  del  art.  24.1  de la Constitución.  De  hecho,  en  este  último  supuesto,  la ausencia de la impugnación de la tasa dio firmeza a la liquidación del tributo.

Acceso a la sentencia.