¿Cuándo empezamos a perder el partido? Ya en su versión original de 1987, la LOTT permitía que la Administración pudiera establecer reglamentariamente la obligación de que las empresas y agencias de transporte suscribieran un seguro para cubrir la responsabilidad derivada del cumplimiento del contrato de transporte de mercancías. Es más, especificaba que podrían establecerse fórmulas de coordinación de dicho seguro con el seguro del cargador, incluso unificando ambos seguros.

Sin embargo, el Reglamento de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres (ROTT) llegó pocos años después (con el Real Decreto 1211/1990), sin imponer obligación alguna a los transportistas en este sentido. En términos deportivos, podríamos hablar del primer “strike”.

Aquella vez no sólo se perdió el importante impacto económico en volumen de primas que la obligatoriedad del aseguramiento habría supuesto para el ramo de Transportes -y para el seguro en general-, sino que limitó la seguridad jurídica en un sector de enorme trascendencia para la economía. Ingredientes tales como el alto riesgo de la actividad, la elevada siniestralidad o un tejido empresarial compuesto en gran parte por transportistas autónomos con escaso músculo financiero, hubieran justificado sobradamente la medida.

Desde entonces, muchas han sido las modificaciones a este Reglamento sin que ninguno de los seis gobiernos que han pasado por La Moncloa haya considerado oportuno el cambio, ya fuera por falta de interés o por la hábil persuasión ejercida por los sectores afectados.

Muy al contrario, las debilidades y temores del sector asegurador volvieron a quedar de manifiesto  en la revisión del ROTT del año 2010, cuando entre la abundante normativa europea en materia de liberalización del transporte y en defensa de la libre competencia, hubo que trasponer a nuestro ordenamiento el reglamento CE 1071/2009.

El mencionado reglamento exigía a los transportistas un determinado capital desembolsado o reservas por vehículo como requisitos de capacidad financiera que, a criterio de la autoridad competente, y como ocurre en otros ámbitos como la responsabilidad medioambiental, podría acreditarse mediante una garantía bancaria o (atención) mediante un seguro, incluido un seguro de responsabilidad profesional.

Pero miren por dónde, el ROTT se actualizó excluyendo esta posibilidad de entre los medios de acreditación de la capacidad financiera. Segundo “strike”.

Y con estos antecedentes llegamos a esta séptima legislatura, en la que la nueva Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres ha eliminado de nuevo la habilitación reglamentaria para exigir el seguro de responsabilidad civil del transportista de mercancías, cerrando así una puerta que ha permanecido abierta durante más de dos décadas y que como sector, no hemos sido capaces de traspasar.

Tercer y último “strike”. Bateador eliminado.