Por ello, según informa ‘Fasecolda’, el proyecto ha creado en sus dos versiones de Cámara y Senado, el Fondo Nacional de Bomberos de Colombia como una cuenta especial de la Nación, manejada por la Dirección Nacional de Bomberos, con independencia patrimonial, administrativa, contable y estadística, con fines de interés público y asistencia social y de atención de la gestión integral del riesgo.

Este Fondo se nutrirá, por una parte, con recursos de una renta de destinación específica de tipo parafiscal proveniente del sector asegurador, ya que se considera “que toda entidad o compañía aseguradora que otorgue pólizas de seguros en los ramos de hogar, incendio, terremoto, minas y petróleo deberá aportar al Fondo Nacional de Bomberos una suma equivalente al dos por ciento (2%) liquidada sobre el valor de la prima de cada póliza en esos ramos de seguros.”

Por otra parte, al considerarse que estas actividades representan un servicio público esencial a cargo del Estado, es deber de éste asegurar su prestación eficiente por lo que el proyecto establece que su financiamiento debe provenir principalmente de los impuestos y no de una industria en particular. Asimismo, también fija que los recursos del Fondo sean distribuidos de acuerdo con los proyectos aprobados por una Junta Nacional, con destino a la implementación de planes y programas de educación de la población en materia de gestión integral del riego contra incendio, la capacitación de unidades bomberiles, y la dotación de infraestructura física y equipamiento.

Finalmente, el proyecto de ley propone que, de acuerdo a la experiencia internacional, los Concejos Municipales y Distritales, a iniciativa del Alcalde, fijarán sobretasas o recargos a los impuestos de industria y comercio, impuestos sobre vehículos automotores, impuestos prediales y cualquier otro impuesto de este nivel territorial, según las necesidades y la capacidad fiscal de cada uno.

Según ‘Fasecolda’, se espera que el grupo de conciliadores del Congreso culmine la aprobación de la ley garantizando la canalización de los recursos del presupuesto nacional para el Fondo Nacional de Bomberos, y estipulando una redacción precisa y razonable de las obligaciones impuestas a aseguradoras y a otros sectores.