El objetivo de FATCA es combatir la evasión fiscal de contribuyentes con obligaciones fiscales en Estados Unidos y que pudieran estar ocultando activos y rentas derivadas de la inversión en activos financieros al operar a través de cuentas offshore en instituciones financieras extranjeras.

Para lograr dicho objetivo, FATCA invita a las instituciones financieras extranjeras a registrarse en el IRS e implantar ciertos procedimientos de identificación y verificación de clientes, regulados minuciosamente por la normativa. Dichos procedimientos están encaminados a la identificación de los clientes que sean personas físicas con estatus de ciudadano o residente en los Estados Unidos, o bien entidades constituidas en Estados Unidos o con arreglo a las leyes estadounidenses.

La due diligence necesaria sobre la base de clientes no termina aquí, sino que las entidades también están obligadas a identificar a los accionistas estadounidenses significativos de aquellos clientes que sean entidades no estadounidenses (salvo que sea de aplicación alguna de las excepciones previstas en la norma). Finalmente, las entidades financieras deberán comunicar anualmente cierta información fiscal individualizada sobre las cuentas FATCA a las autoridades estadounidenses.

Las entidades deben también nombrar un responsable (denominado “Responsable Officer”) encargado de certificar ante el IRS que la entidad tiene implantados los procedimientos requeridos por FATCA y cumple con las exigencias de la normativa.

Como mecanismo para asegurar la efectividad de FATCA, se establece una penalización para aquellas entidades financieras extranjeras que decidan no participar en el sistema, consistente en una retención del 30% sobre determinados pagos de fuente norteamericana que obtengan, ya sea por cuenta propia o de sus clientes. En el futuro está prevista la extensión de la retención incluso a ciertos pagos de fuente no estadounidense. En la práctica, las entidades no participantes están expuestas a sufrir otras consecuencias adversas. Por ejemplo, no puede descartarse que otras entidades financieras participantes opten, por política interna, por restringir sus operaciones con financieras que no sean participantes, con objeto de minimizar sus costes y gestionar sus riesgos en relación a FATCA.

Lo anterior significa que todas las entidades financieras que operan en España deben valorar seriamente la conveniencia de adoptar las medidas para cumplir con FATCA, inclusive si su base de clientela estadounidense pudiera no ser significativa, y también aunque no tengan exposición directa a activos estadounidenses.  

ACUERDOS INTERGUBERNAMENTALES BILATERALES

Para solventar algunos problemas que podría plantear el cumplimiento de FACTA por parte de entidades financieras no estadounidenses (como las dificultades de índole legal para poder comunicar información sobre clientes a una autoridad fiscal extranjera), Estados Unidos ha negociado Acuerdos Intergubernamentales Bilaterales (conocidos como “IGAs”) con diversos países, para facilitar la aplicación local de FATCA en cada uno de ellos. El 14 de mayo de 2013 España firmó con Estados Unidos un IGA para la implantación de FATCA en España, similar al firmado con otros países de nuestro entorno.

La firma del IGA implica que las entidades financieras españolas estarán obligadas a reportar información directamente a las autoridades fiscales españolas, bajo el amparo de una normativa de desarrollo del IGA dictada al efecto por las autoridades españolas. De este modo, las autoridades españolas intercambiarán automáticamente la información recibida con los Estados Unidos.

No todas las aseguradoras que operan en España se verán impactadas directamente por FATCA. Para establecer el impacto de FATCA sobre los grupos aseguradores que operan en España, el primer paso es identificar cuál es el perímetro de entidades del grupo que tienen la consideración de institución financiera obligada de acuerdo con el IGA, lo cual dependerá fundamentalmente del tipo de productos que contratan.

Son instituciones financieras a efectos FATCA las compañías de seguros que ofrecen “contratos de seguro con valor en efectivo” superior a cincuenta mil dólares, o “contratos de anualidades”, o que están obligadas a efectuar pagos en relación con los mismos.

De acuerdo con el IGA son “contratos de seguro con valor en efectivo” aquellos contratos de seguro (distintos de un contrato de reaseguro entre dos compañías aseguradoras) en los que el tomador tiene derecho a percibir una cuantía como consecuencia del rescate o la resolución del contrato (determinado sin computar la posible reducción en concepto de penalización por rescate o préstamo sobre la póliza), o que el tomador pueda tomar en préstamo en virtud del contrato o con relación al mismo.

Son “contratos de anualidades” aquellos en los que el emisor acuerda efectuar pagos durante un plazo determinado total o parcialmente por referencia a la expectativa de vida de una o más personas físicas, así como aquellos considerados como tales conforme a la ley, normativa o práctica de la jurisdicción en la que se formalizó el contrato, y en virtud de los que el emisor acuerda efectuar pagos durante un plazo de tiempo.

En la práctica, para la delimitación de los seguros impactados por FATCA, es preciso poder diferenciar aquellos productos de seguro que sean de riesgo puro (incluida la vida) que en principio estarían excluidos de FATCA, de aquellos que tengan algún componente de inversión, que sí se considerarían productos FATCA, incluidos en su caso contratos mixtos de vida y ahorro, si cumplen los requisitos indicados.

Por otra parte, debe tenerse en cuenta que el IGA excluye determinadas entidades y productos que están exentos de FATCA, al considerarse que presentan un bajo riesgo de utilización como vehículos de evasión por personas estadounidenses.

En este sentido, son entidades exentas los fondos de pensiones regulados por el Texto refundido de la Ley sobre fondos y planes de pensiones, aprobado por Real Decreto Legislativo1/2002 de 29 de noviembre, así como las mutualidades de previsión social en las que todos sus mutualistas sean empleados, sus socios protectores o promotores sean las empresas en las cuales presten sus servicios y las prestaciones que se otorguen sean únicamente consecuencia de acuerdos de previsión social entre éstas y aquellos.

Son productos excluidos de la consideración de cuenta FATCA los seguros colectivos que instrumenten compromisos por pensiones conforme a la normativa aplicable, siempre que las aportaciones se determinen mediante convenio colectivo entre la empresa y los representantes sindicales. También están exentas las cuentas cuyos titulares sean planes de pensiones o mutualidades de previsión social; los planes de previsión asegurados; planes de previsión social empresarial; los seguros de dependencia y los planes individuales de ahorro sistemático.

COMENZAR A TRABAJAR EN ELLO, YA

Los proyectos de implantación de FATCA generalmente requieren un plazo de trabajo de meses (o inclusive años en función de la complejidad de cada entidad). Aunque el origen de la normativa FATCA es de índole fiscal, los impactos en las entidades financieras afectadas pueden requerir de la ejecución de medidas de adaptación en áreas distintas, sobre todo en negocio, jurídico, procesos, operaciones, sistemas y reporting fiscal, etc.

Por ello, aquellas entidades que aún no hayan comenzado a analizar cómo van a estar afectadas por FATCA o qué medidas deben adoptar inmediatamente si quieren ser consideradas entidades cumplidoras con FATCA, deberían ponerse manos a la obra en la mayor brevedad, para poder cumplir con los plazos señalados.

Finalmente, el éxito de FATCA ha determinado que el modelo de IGA se convierta en una referencia fundamental para desarrollar el estándar internacional de intercambio automático de información entre las autoridades fiscales, en el que actualmente trabaja la OCDE, con el impulso favorable de diversos países, entre ellos España. Su horizonte de implantación podría no estar lejos y su aplicación obligaría a las entidades financieras de los países adheridos a revisar e identificar a prácticamente todos los clientes no residentes de otros países adheridos, y a facilitar a las autoridades fiscales locales la información correspondiente, para su intercambio automático con las autoridades fiscales del país de residencia del cliente.

Esta normativa conviviría con FATCA que sería, desde esta perspectiva, tan solo el primer paso hacia un futuro en el que el principio general sería la colaboración entre entidades financieras y autoridades fiscales para lograr un efectivo intercambio automático de información fiscal a nivel internacional sobre clientes no residentes.