En la propuesta inicial, la financiación de la prestación a crear surgía de un impuesto que gravaría a las compañías de seguros, lo que posteriormente fue rechazado por el propio presidente Mujica, estableciéndose finalmente un impuesto a trabajadores y jubilados.

La iniciativa, que pasará ahora al Senado para completar la sanción legislativa, se articula fundamentalmente en cuatro artículos en los que se establece y concreta la creación de una prestación de seguridad social denominada Pensión a las Víctimas de Delitos Violentos, a cargo del Banco de Previsión Social, según se pone de manifiesto en artículo 1º del proyecto que tiene media sanción legislativa, según informa ‘Crónicas’,

Para contribuir a la financiación de la prestación, el artículo 2º dispone como aporte económico al Centro de Atención a las Víctimas de la Violencia y el Delito, que un 10% de los ingresos salariales que perciba el empleador deberá ser remitido al Ministerio del Interior, a efectos de fortalecer dicho centro.

El hecho generador y el monto pensionario fueron recogidos en los artículos 3 y 4. En este último, en concreto, se determina que la pensión sea de carácter mensual y su valor de 6 BPC (seis Bases de Prestaciones y Contribuciones).

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