Tras la introducción de Juan Sitges, director general de la fundación, intervino César Antón, director general del IMSERSO, quien desgranó algunos datos sobre la atención a la dependencia en nuestro país. Según anotó, el IMSERSO ha recibido más 1,5 millones de solicitudes, de las que ya han sido valoradas casi el 94%. De dicha cantidad, un 83% -casi 1.269.000 personas- obtuvo una respuesta positiva, aunque por ahora solo percibe prestaciones un 60,3% -cerca de 765.000 beneficiarios- puesto que muchas solicitudes están pendientes de su efectividad o en proceso de tramitación de la concesión. La mayor parte de las prestaciones que ya son efectuadas corresponde a las categorías de 'Grado III' -gran dependencia- (45,5%) y 'Grado II' -severa dependencia- (48,4%). No obstante, si tomamos la cifra total de solicitudes aprobadas -incluyendo aquellas a la espera de la recibir percepción-, los beneficiarios se distribuyen casi a partir iguales entre los tres grupos. Antón explicó que esto se debe a la modificación del baremo de valoración del grado de dependencia, aprobada en 2011. Su entrada en vigor se aplazó hasta 2012, por lo que aún no se refleja en las cifras de  prestaciones ya percibidas. Dicha variación ha significado un aumento de la concesión de prestaciones de 'Grado I' -moderada dependencia-, aunque estas cifras distan mucho de las registradas en países como Alemania o Francia, donde son mayoritarias, con una cuota del 56% y 64%, respectivamente.

El director general del IMSERSO también anunció que se ha alcanzado un “acuerdo para determinar el coste de la dependencia. A partir ello, podremos calcular cuánto deben aportar los usuarios en función de su renta y patrimonio”. Por tanto, es un paso indispensable para el desarrollo del sistema de copago. Finalmente, recordó que la Ley de Dependencia indicaba que el Gobierno abordaría las modificaciones legislativas oportunas para regular la cobertura privada de las situaciones de dependencia, que debía suponer el impulso de medidas para facilitar la cofinanciación por parte de los beneficiarios de los servicios. En este sentido, especificó que se ha formado un grupo de trabajo dentro del Consejo Territorial para reactivar estas modificaciones.

EL IMPULSO DEL COPAGO Y LOS INCENTIVOS FISCALES

Manuel Álvarez, director de Particulares, Vida y Pensiones de CASER, habló acerca de las alternativas que ofrecen los seguros privados y las oportunidades de negocio que se abren ante la actual situación en España. “Cuando hay problemas en la Seguridad Social, las compañías de seguros prosperan; pero solo si encuentran un trozo de 'tierra fértil' donde hacerlo”, declaró. Sin embargo, los seguros para la jubilación y la dependencia se enfrentan a un entorno difícil en nuestro país, por lo que se precisa alguna modificación. Así, Álvarez afirmó que “el copago es la clave, pues marca las reglas del juego de la financiación pública”. Ahondando en ello, precisó que “según la Ley de Dependencia, tiene que haber copago. Lo que hay que ver es la parte de financiación que puede detraerse del bolsillo del dependiente o de su entorno familiar”.

Tras ello, se centró en el tratamiento de la dependencia en Francia -seguro voluntario de Dependencia, con 5,5 millones de tomadores- y Alemania -seguro de Dependencia obligatorio y seguro de Salud voluntario-y lo comparó con la situación de nuestro país, donde sólo hay 20.000 asegurados de Dependencia. Concluyó desgranando algunos de los obstáculos para su desarrollo -falta de concienciación, mala fiscalidad, mal tratamiento de la previsión social colectiva...- y apuntando algunas ideas para su impulso.

Cerró la jornada Miguel de Haro, abogado y socio del estudio jurídico Pérez de Ayala, quien se refirió al “reto de la transición demográfica” por el envejecimiento de la población en nuestro país. Según explicó, el sistema de pensiones quedará “seriamente dañado”, ya que “no habrá un sistema de bienestar total, sino que tendrán que contribuir tanto los sujetos como el Estado”. Su propuesta para adaptarse a este escenario es la implementación de incentivos fiscales que potencien la previsión por parte de los ciudadanos. De Haro explicó que, pese a que hay regiones en las que se contemplan algunos incentivos, “se está perdiendo la oportunidad de incentivar mediante deducciones fiscales”. Y aseguró que “no se puede mantener el actual sistema de dependencia con el déficit presupuestario que existe”.