En particular, según se explica en la propuesta, se estudiará la ampliación del ámbito del actual registro a los “planes de pensiones u otros sistemas similares de previsión, que determinen el reintegro de cantidades al fallecimiento del contratante; y a los seguros de Decesos que cubran los gastos del propio fallecimiento”.

Para ello, se propone que “deberá obligarse a las entidades financieras y de seguros que celebren o hayan celebrado los contratos a través de los cuales se adquieran los derechos y posiciones financieras mencionadas a colaborar en el suministro de la información” al registro, siempre “respetando los requisitos legales recogidos en la Ley de Protección de Datos de Carácter Personal”.