El proyecto plantea una estructura de las comisiones para la AFP estatal distinta a la que se conoce actualmente, ya que la rentabilidad de las inversiones se reinvertirá en los mismos aportantes a través de sus pensiones, “al no tener como prioridad una estructura de lucro como sí la tienen las AFP privadas”. Asimismo, permitirá disminuir los costes de administración que pagan los aportantes en una industria que hoy está “altamente concentrada”, y, además, permitirá ampliar la cobertura previsional a grupos que históricamente han quedado excluidos del sistema.

Además, según informa el diario ‘Gestión’, el proyecto de ley también indica que este nuevo jugador del sistema previsional tiene como objetivo afiliar a 5,5 millones de personas. Según la iniciativa, la nueva AFP pública estará a cargo del Poder Ejecutivo tanto en sus alcances como en su estructura. Cabe recordar que el Instituto del Ahorro sostuvo que una administradora pública generaría rentabilidad a los fondos.

“La AFP estatal se ocupará preferentemente de aquellas personas que no son prioritarias para las AFP privadas, como trabajadores independientes, los de menores rentas y recursos, y los que laboran en zonas apartadas de los grandes grupos urbanos”, indica el proyecto. En el mismo se señala que “el Estado debe contar con una AFP que asuma de una vez por todas su responsabilidad. Esto debe ser la base de una reforma que realmente proponga cambios en políticas de seguridad pensionaria y social. El aportante o futuro afiliado quiere una real alternativa al modelo de previsión privada. Por ello, la AFP estatal supone una verdadera reforma previsional que realmente tenga sentido social”, anota la propuesta legislativa.