La justificación que se da para la inclusión de todos estos contratos en el Código Mercantil es un pretendido impulso de la seguridad jurídica. Centrándonos en el contrato de seguro, realmente no acabamos de entender cómo mejora la seguridad jurídica el hecho de trasladar a un Código de casi seiscientas páginas una norma de poco más de cien artículos, conocida por todos y de fácil manejo hasta la fecha.

No obstante, no es este el lugar adecuado para manifestar nuestras dudas (muy probablemente injustificadas) sobre el acierto del legislador a la hora de decidir incluir la LCS dentro del nuevo Código Mercantil. Sí lo es para trasladar nuestro alivio al comprobar que la nueva redacción respeta en su mayor parte y trata de mejorar –aunque no siempre lo consigue- las deficiencias de una norma considerada con carácter general como una buena Ley.

Tampoco podemos realizar aquí un análisis en profundidad de las novedades que introduce el Código Mercantil en la LCS, así que nos limitaremos a resaltar algunas de las que nos han parecido más reseñables:

- El nuevo artículo 581-3 precisa los requisitos que deben reunir las condiciones generales y particulares: concreción, claridad y sencillez en su redacción, ajustadas a la buena fe y con un justo equilibrio entre los derechos y obligaciones de las partes.
Parece que los redactores del texto han querido prescindir de la polémica figura de las cláusulas limitativas, pero finalmente no lo han logrado, pues se indica que las limitaciones de los derechos de los asegurados figurarán de forma destacada y comprensible y deberán ser aceptadas por el tomador. No obstante, se introduce una novedad positiva en este artículo, al establecerse que las condiciones del contrato, incluidas las limitativas, se entenderán aceptadas si el tomador no manifiesta su voluntad de resolver el contrato transcurridos dos meses desde el pago de la prima. Con esta solución se pretende erradicar la discusión sobre la validez o no de las cláusulas limitativas que se plantea, de forma recurrente, ante la extendida costumbre de no devolver las pólizas firmadas al asegurador.

- De acuerdo con el artículo 581-17, el asegurador deberá pagar el importe mínimo de lo que pueda deber dentro de los cuarenta días desde la recepción de la declaración del siniestro, pero ahora deberá justificar tal importe aportando la valoración de la indemnización y desglosando los cálculos y los criterios utilizados para su cuantificación. Por lo tanto, se deberá justificar documentalmente por qué motivo se ofrece una cantidad en concepto de pago a cuenta y no otra, pero no se exige que se entreguen informes periciales al asegurado.
En el apartado 4 de este artículo se prevé que, en caso de rechazo del siniestro, el asegurador deberá dar una respuesta al asegurado, beneficiario o perjudicado en ese plazo de 40 días, facilitando la información que justifique tal rechazo. Podemos anticipar que las compañías van a encontrar dificultades en ciertos supuestos (por ejemplo, en siniestros industriales complejos) para poder tomar una decisión sobre la cobertura en plazo tan exiguo.

- Dando respuesta a una lógica y reiterada exigencia del sector, se modifica (artículo 581-19) la regulación de los intereses moratorios, que se impondrán si en el plazo de tres meses desde la fecha de declaración del siniestro (no ya desde su producción) el asegurador no indemniza por causa no justificada. El interés aplicable será el legal del dinero, incrementado en un 50% durante los dos primeros años y el doble de ese interés a partir de esos dos años. Si tomamos como referencia el tipo actual del interés legal, el interés moratorio a partir de los dos años sería del 12%.

- Finalmente, se ha decidido mantener con algunos matices (artículo 582-14)  un procedimiento pericial de tercería, pero ofreciendo como alternativa que las partes acudan a un procedimiento de mediación en asuntos civiles y mercantiles.

- En el seguro de responsabilidad civil se trata de aclarar el complejo párrafo segundo del vigente artículo 73 LCS, de forma que la cobertura comprenderá en todo caso las reclamaciones del perjudicado efectuadas dentro de los dos años siguientes al vencimiento del contrato, pudiendo ampliarse ese plazo (artículo 582-44). También serán válidas las cláusulas que extiendan la cobertura a obligaciones de indemnizar surgidas, al menos, el año anterior al comienzo del contrato, siempre que sean desconocidas por el asegurado y cuando la reclamación tenga lugar durante la vigencia de la póliza.

Además, se introduce un interesante matiz en la regulación del vigente artículo 74 LCS: el asegurador ya no asumirá, salvo pacto en contrario, la dirección jurídica del asegurado, sino que ello podrá pactarse en la póliza (artículo 582-45). Si no se pacta, parece desprenderse que el asegurado no se someterá a la dirección jurídica del asegurador frente a la reclamación del perjudicado.

Como es obvio, tendremos que seguir de cerca la tramitación del Anteproyecto para comprobar si la versión final de la regulación del contrato de seguro es un mero cambio de ubicación de la vieja LCS con ciertos matices de mayor o menor calado o si nos encontramos con alguna sorpresa por parte de nuestro legislador.