“Quedan por ver las tablas concretas y las cantidades asignadas a los días y puntos de secuelas y demás factores correctores, pero, para adaptarse a la normativa europea, al nivel de vida en España y a la depreciación producida desde el primer ‘Baremo’, todas las cantidades básicas de indemnizaciones actuales deberían de multiplicarse entre por dos y por tres”, declara, poniendo como ejemplo el caso del fallecimiento de progenitores de niños pequeños.

Aunque diferentes miembros del grupo de trabajo que está elaborando el nuevo ‘Baremo’ han reconocido a esta Redacción que aún no han sido convocados “oficialmente”, confirman que la fecha que maneja la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones (DGSFP) para una reunión en la que se entregará el texto es el 22 de mayo.

DIA, a través de su presidente, se queja de que el texto actual “no reconoce el principio de ‘personalización’ de las indemnizaciones, sino el contrario de ‘objetivación’” y de que tampoco tiene en cuenta “el principio de reparación ‘pormenorizada’ sino el de indemnización solo de lo ‘relevante’, que excluye la reparación integral. “Las víctimas y sus familias necesitan que el importe final de las indemnizaciones pueda, aportando la documentación e informes pertinentes, personalizarse mediante una comparación entre la situación anterior al siniestro y la posterior y para eso es imprescindible el criterio del juez”, argumenta Canes.

Por ello, solicita que se permita a los jueces aumentar hasta un 30% las indemnizaciones regladas dependiendo del caso concreto. “Con un baremo tan poco flexible, el papel del juez puede terminar haciéndolo un sistema informático”, se queja.

PENSIÓN VITALICIA COMO DERECHO DE LAS VÍCTIMAS

“Nos oponemos totalmente a que las víctimas sean obligadas a someterse a los reconocimientos y dictámenes de las aseguradoras. La víctima, que en la mayoría de los casos no tiene relación contractual con la aseguradora, no tiene obligación de someterse al escrutinio de sus valoradores”, explica.

También se niegan a que la aseguradora pueda sustituir la indemnización por una pensión vitalicia, “cuando este es un derecho exclusivo de las víctimas”, y a la reducción de la indemnización por fallecimiento prematuro de la víctima, “en contra de los criterios ya fijados por el Tribunal Supremo sobre su casi íntegra transmisión a los herederos”.

Al mismo tiempo, Canes califica de “inadmisibles” las reglas de englobación de secuelas, “en las que se sigue insistiendo”. “Con ello se reducen varias de las secuelas a otra más genérica, que no recoge la totalidad del daño, pormenorizándolo y uniéndolas, con lo que se reduce la puntuación obtenida y, por tanto, la indemnización”, aclara.

Asimismo, menciona “lo confuso y complicado de los sistemas de cálculo del lucro cesante y perjuicios económicos” y constata que “estos quedarán prácticamente en nada, al deducirse las pensiones públicas a percibir por los perjudicados o víctimas, que no tienen nada que ver con el accidente y que han sido pagadas por los perjudicados para ser percibidas”.

Además, llama la atención tanto sobre “la fórmula que se aplica a las llamadas secuelas agravatorias de estado previo, que las dejan reducidas a la nada y suponen dejar abandonadas a las personas enfermas o mayores”, como sobre “la fijación de las indemnizaciones teniendo en cuenta la edad y sin valorar que, a partir de una determinada edad, el perjuicio se multiplica para los ancianos y los enfermos, de tal modo que la línea no debiera de ser descendente sino formar una uve”.

ASPECTOS EN CONTRA DE LA JURISPRUDENCIA DEL SUPREMO

Canes tampoco entiende el motivo de la limitación económica de los gastos de asistencia médica a centros concertados, de las cuantías económicas para prótesis, ayudas, etc., y su fijación a priori, “cuando estas podrían variar en el tiempo” y “cuando el seguro obligatorio cubre nada menos que 70 millones de euros por siniestro”.

También entiende que “la mención al momento de estabilización, que debiera suprimirse y hacer referencia al ‘alta definitiva’ en caso de secuelas permanentes, en contra de la jurisprudencia del Tribunal Supremo”.

DEBERÍAN SUBIR LAS INDEMNIZACIONES A LAS AMAS DE CASA

Las víctimas que sean amas de casa (o personas “con dedicación exclusiva a las tareas del hogar de la unidad familiar”, como las denomina el actual texto) serán indemnizadas con una anualidad del equivalente al Salario Mínimo Interprofesional (SMI), que en la actualidad ronda los 9.000 euros. En unidades familiares de más de dos personas se incrementará en un diez por ciento del SMI anual por “perjudicado adicional menor de edad, discapacitado o mayor de sesenta y siete años que conviva en el hogar familiar de la víctima” sin que ese incremento adicional pueda superar el importe de otro medio salario mínimo interprofesional anual. Desde DIA entienden que esta indemnización es escasa y que la cantidad mínima debería ser de, al menos, el 1,5 del SMI.

LA MEJORA DE LA INDEMNIZACIÓN DE LAS LESIONES GRAVES COMO COARTADA DE LAS ASEGURADORAS

De las palabras de Canes también se extrae la conclusión de que el argumento de las aseguradoras de que querían impulsar esta reforma para mejorar las indemnizaciones de los grandes lesionados no es cierto y que lo que subyace es el intento de borrar de un plumazo las indemnizaciones a los latigazos cervicales.

“La excepcionalidad y requerimiento de prueba concluyente de los llamados traumatismos menores de columna vertebral, con criterios biomecánicos y otras exigencias que suponen no indemnizar un porcentaje importantísimo de las lesiones y secuelas que se producen en los accidentes, que es el verdadero objetivo de esta reforma que, se dice, va a beneficiar a los lesionados más graves, cuando, realmente a la vista de todo lo anterior, tampoco esto va a suceder”, afirma el presidente de DIA. De hecho, subraya que la regulación del Traumatismo Menor de Columna Vertebral “es evidentemente perjudicial para los lesionados que sufren esguinces cervicales, y se debería de eliminar la palabra ‘excepcional’ y debería haber una valoración de las posibles secuelas como existía hasta la fecha de 1 a 8 puntos y no de 1 a 5 puntos”.