En representación del Ministerio de Finanzas, su secretario adjunto Dyogo Henrique de Oliveira, defendió el sistema asegurador brasileño como ejemplo mundial de calidad que no precisa de una legislación detallada que traiga más dificultades que soluciones. De Oliveira manifestó la posición oficial del órgano en cuanto a su responsabilidad para regular el sector, afirmando que no ve necesidad de crear una ley específica para regir los contratos de seguros.

A su juicio, en todos los encuentros internacionales sobre el mercado de seguros se ha considerado a Brasil como un ejemplo, principalmente por la firmeza y rigor con que la regulación del sector ha sido aplicada. Esta actuación, según afirmó, tiene garantizada la salud y seguridad del sistema de seguros brasileño. “No fue por casualidad que en la crisis de 2008-2009, dentro de las economías relevantes del mundo, Brasil fue el único que pasó impune en el mercado de seguros; no tuvimos ningún problema de discontinuidad”.

Dyogo de Oliveira presentó los datos del sector destacando la bonanza del sistema brasileño y su baja litigiosidad entre los consumidores, indicando que incluso aparece en la lista de los diez más demandados. Hizo hincapié en que éste es el resultado del trabajo de la Superintendencia de Seguros Privados (Susep), de la calidad del organismo de control del sistema, que ha sido desempeñado de forma absolutamente firme y soberana.

Agregó, además, que el mercado de seguros tiene por lo menos tres niveles de relaciones: los contratos estandarizados de escaso valor con una amplia regulación y legislación; los contratos de media complejidad regulados, sin normalización total, pero con alguna flexibilidad; y los contratos de los grandes riesgos, sobre los que hay una necesidad de flexibilidad en el contrato, porque no hay forma práctica de crear un contrato único con una hidroeléctrica, ferroviaria, explotación de petróleo, por ejemplo, que tienen naturalezas muy distintas.

El temor, explicó, es que en el intento de cuadrar todos los tipos de contratos en una única regla, se cree un sistema de excepción que no tendrá cómo cubrir los riesgos o que llevará a incluir en el cálculo del coste de la cobertura el incremento de la dificultad de prever todas esas situaciones. “Hay muchas dudas de si realmente es una necesidad y en qué medida el PL 3555/04 tiende a contribuir a la mejora del sistema, que hasta ahora es visto como ejemplo internacional y se está desarrollando satisfactoriamente”, aseveró.

El secretario del Ministerio de Finanzas también indicó que hay una preocupación en relación a la supresión de gran parte de las funciones prerrogativas de la Susep en la medida que, cuestiones que hasta ahora son acciones infralegales y administrativas, serían elevadas al nivel de la legislación, dejando el ámbito interno y pasando a la esfera judicial. “Entendemos que hay mucho en lo que avanzar, sobre todo en lo que se refiere al derecho de los consumidores y la revisión de la infraestructura de la Susep, pero destacamos que el esfuerzo será realizado de manera administrativa y no de forma legal. Podemos avanzar en la discusión, creando un punto de equilibrio, al mismo tiempo que avanzamos en las áreas mencionadas y que sean de mayor importancia”, subrayó.

El ministro de Justicia, a su vez, defendió que es preciso partir de la premisa de que el proyecto es necesario alegando que el Poder Legislativo público precisa regular la cuestión, dada su importancia y las normas e as normas voluminosas envueltas en los grandes contratos. Según aludió, el PL 3555/04 tiene una “columna vertebral” centrada en la seguridad jurídica y la previsibilidad que se debe mantener, pero consideró que las discusiones tienden a trabajar en la actualización y perfeccionamiento de las leyes y normas que rigen el uso Seguro y Reaseguro. “Cuando tenemos situaciones de gran debate donde los intereses legítimos se enfrentan, la mejor alternativa es no imponer una visión hegemónica, pero sí una discusión pactada para que se tenga una buena legislación en el país”, señaló.