El informe indica que el gasto adicional en pensiones, por la subida con el IPC del 1,6% previsto para 2018 y 2019, en Valor Actual Actuarial asciende a 39.409 millones, lo que representa un 34% del gasto total en pensiones durante el año 2017.

Los responsables del trabajo concluyen que el Índice de Revalorización de las Pensiones (IRP) debería seguir vigente para intentar conseguir la sostenibilidad del sistema de pensiones, para alejar al sistema de decisiones políticas que van encaminadas a objetivos poco claros, pero con una evidente tendencia a aumentar el gasto en pensiones sin conseguir a cambio un aumento de los ingresos.

Además, consideran que el Factor de Sostenibilidad, cuya entrada en vigor prevista para el próximo 1 de enero, se retrasó hasta el año 2023 en virtud del acuerdo sobre los Presupuestos Generales del Estado para 2018 entre el anterior Gobierno del Partido Popular y el Partido Nacionalista Vasco, debería implantarse lo antes posible para corregir la pérdida de equidad que implica su no aplicación en el plazo previsto.

“Llevamos 7 años con déficit en la Seguridad Social y la única medida relevante que se ha tomado es incrementar el nivel de gasto, medida que consideramos no está bien orientada”, lamenta Gregorio Gil de Rozas, responsable de Pensiones de WILLIS TOWERS WATSON. “Necesitamos políticos, en el gobierno y en la oposición, que trabajen en la implantación de medidas y aboguen por los intereses de la sociedad”, remarca.