El texto será ahora enviado al Consejo de Estado para recibir dictamen antes de su aprobación como Proyecto de Ley y posterior tramitación parlamentaria.

Desde el Gobierno se explica que con esta nueva norma se modificará el artículo 49 del Código de Comercio, los artículos 252  y 540 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital y la Ley de Auditoría de Cuentas.

El objetivo es doble. El primero es aumentar la información no financiera del informe de gestión que acompaña a las cuentas anuales individuales y consolidadas en lo relativo a cuestiones sociales y medioambientales, así como información sobre el personal, el respeto a los derechos humanos y a la lucha contra la corrupción para “identificar riesgos para la sostenibilidad y aumentar la confianza de los inversores, los consumidores y la sociedad”.

El segundo fin es “ampliar el contenido exigido en el informe anual de gobierno corporativo que publican las sociedades anónimas cotizadas, incluyendo la divulgación de las políticas de diversidad de competencias y puntos de vista que apliquen a su consejo de administración en cuestiones de edad, género, discapacidad, formación o experiencia profesional”.

 

¿A qué empresas afectará?

Estos cambios normativos afectarán a empresas con consideración de entidad de interés público que reúnan los siguientes requisitos:

- Número medio de los trabajadores durante el ejercicio superior a 500

- Que durante dos ejercicios consecutivos reúna al menos dos de las siguientes circunstancias:

   * Que el total de las partidas del activo sea superior a 20 millones de euros

   * Que el importe neto de su cifra anual de negocios supere los 40 millones de euros

   * Que el número medio de trabajadores empleados durante el ejercicio sea superior a 250

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