A continuación, Enrique Devesa, actuario, profesor de la Universidad de Valencia y miembro del Comité de Expertos redactor del informe sobre el factor de sostenibilidad, hizo una exposición de lo tratado en dicho grupo. Detalló que la propuesta del FEI (Factor de Equidad Intergeneracional), que en su opinión es el más actuarial y tiene el objetivo del mantenimiento de la situación actual, frente al factor de sostenibilidad, que es el que se ha impuesto. Afirmó que no se ha conseguido que en el proyecto de ley figure el término “actuarial”, argumentándosele que es algo ininteligible; tampoco se aceptó que se tratase el retraso de la edad de jubilación con el argumento de que no era políticamente aceptable. Defendió el FRA (Factor de Renovación Anual) que depende exclusivamente de los ingresos, número de beneficiarios, porcentaje de sustitución y superávit o déficit del sistema, del que apuntó que es “tozudo” porque “siempre dice la verdad”, y terminó su intervención proponiendo una serie de modificaciones en el proyecto de ley, sin las cuales no será eficaz.

Manuel Peraita, actuario y profesor de la Universidad de Alcalá, centró su exposición en el sistema que debería adoptarse, decantándose por un sistema similar al británico como el más fácil de implantar y el que tiene más posibilidades de adaptación a nuestro país, desechando otros sistemas como el alemán, que es excesivamente complejo; los nórdicos, por su lejanía a la realidad española; u otros como el chileno, que ha fracasado rotundamente en su implantación en otros países como Bolivia, donde no podían tener un sistema de capitalización si no tenían un mercado de capitales. Terminó mostrando su pesimismo sobre las reformas planteadas en el proyecto de ley afirmando su creencia en que no durará mucho tiempo el sistema que salga de esta reforma.

En su intervención, Daniel Hernández, actuario experto en Seguridad Social, trató de dar respuesta a cuestiones sobre la reforma: ¿Es necesaria? ¿Es suficiente? ¿Garantiza la solvencia? ¿Es urgente? Y, por último, ¿es constitucional? Entiende que lo que pretende la ley es mitigar el problema, no resolverlo, y remarcó la poca fiabilidad de las tablas sobre las que está hecho el estudio, las de la Seguridad Social, sobre las que no hay transparencia alguna. Cuestionó los índices de revalorización y terminó afirmando rotundamente que no apoya la reforma anunciada.

Para cerrar el acto se contó con la ponencia de Tomás Burgos, secretario de Estado de la Seguridad Social, que defendió el proyecto ley de reforma de las pensiones enviado a las Cortes y remarcó el compromiso del Gobierno en mantener el sistema de reparto. A continuación pasó a enumerar los asuntos sobre los que trabaja el Ejecutivo en relación con la Seguridad Social, como son clarificar la financiación delimitando claramente las pensiones contributivas de las no contributivas, o combatir el fraude hecho a través de empresas ficticias. Anunció un déficit del sistema del 1% para este ejercicio, del 0,6% para 2014 y del 0,4% para 2015, e hizo una defensa de los 5.800 millones de euros del Fondo de Reserva que se van a utilizar en diciembre, por lo que no es necesario recurrir a financiación externa. Cerró su intervención afirmando que ahora el problema, ya no es coyuntural sino estructural.