Sin embargo, esta situación no supondrá en principio que pensionistas y funcionarios vean congelados sus ingresos el próximo año, según confirmó hace unos días la vicepresidenta del Gobierno en funciones, Soraya Sáenz de Santamaría, como se hace eco ABC. Todo apunta a que cuando entremos en 2017, si se mantiene el impass político, habrá un decreto ley para su actualización, señala el diario.

Algunos de los expertos consultados, como es el caso de Raymond Torres, director de Coyuntura y Estadística de Funcas, ha asegurado al diario que "en ausencia de una nueva ley se prolongarán los presupuestos adoptados para este año, lo que en la práctica significa que gastos que requieren una decisión nueva, como la inversión en infraestructuras entre otros, no se podrán producir. Sin embargo, la revalorización de las pensiones o el pago de los intereses de la deuda se realizarían en la medida en que se producen por decisiones preestablecidos".

La ausencia de un nuevo presupuesto no impedirá, sin embargo, que el Gobierno, pese a estar en funciones, no adopte medidas para reducir el déficit público. De hecho, el ministro de Economía anunció ayer en China su próxima comparecencia en el Congreso para dar detalles sobre la próxima aprobación de un Real Decreto para reformar el impuesto de sociedades, de tal modo que los nuevos anticipos que tendrán que pagar las empresas eleven la recaudación para las arcas públicas en 6.000 millones de euros ya este mismo año.

Los expertos consultados apuntan a la posibilidad de que el Gobierno pudiera dar de alguna manera luz verde al techo de gasto para limitar el de las autonomías, y si no se acaba con la parálisis, se extiendan las cuentas de este año. Constitucionalistas como Ignacio Villaverde, de la Universidad de Oviedo, o la catedrática de Derecho Constitucional de la Uned, Yolanda Gómez Sánchez, no ven un encaje legal a esta opción.