Una asociación alemana de lucha contra las prácticas comerciales desleales ejercitó una acción ante el Landgericht Stuttgart, el Tribunal Regional Civil y Penal de Stuttgart, solicitando que se ordenase a la empresa que cesara en esta práctica. Fue el propio tribunal en el que solicitó al Tribunal de Justicia de la UE que interpretase previamente la Directiva sobre los derechos de los consumidores.

Según dicha Directiva, los Estados miembros deben velar por que, en caso de que una empresa opere una línea telefónica a efectos de comunicarse con él en relación con los contratos celebrados con los consumidores, estos no estén obligados a pagar más de la tarifa básica por las llamadas a esa línea. No obstante, la Directiva no define el concepto de “tarifa básica”.

A través de la sentencia de ayer, el Tribunal de Justicia aclara que el concepto de “tarifa básica” debe interpretarse en el sentido de que el coste de una llamada a una línea telefónica de asistencia operada por una empresa, en relación con un contrato celebrado, no puede exceder del coste de una llamada a una línea telefónica fija o móvil estándar.

Según el Tribunal de Justicia, la “tarifa básica” equivale, en el lenguaje corriente, al coste de una llamada estándar. Tanto el contexto en que se emplea este concepto en la Directiva como la finalidad de esta, que consiste en garantizar un nivel elevado de protección de los consumidores, confirman que debe entenderse en ese sentido habitual. En efecto, los jueces entienden que si los empresas tuviesen derecho a cobrar tarifas más elevadas que la de una comunicación estándar, los consumidores podrían ser disuadidos de hacer uso de la línea telefónica de asistencia para obtener aclaraciones relativas al contrato o para hacer valer sus derechos, en particular en materia de garantía o de desistimiento.

El Tribunal de Justicia aclara, por otra parte, que siempre que se respete el límite del coste de una llamada estándar, la circunstancia de que el comerciante obtenga o no beneficios por medio de esa línea telefónica de asistencia es irrelevante.

FACUA-Consumidores en Acción ha celebrado esta sentencia  y recuerda que en España, la Directiva europea está transpuesta en la Ley General para la Defensa de los Derechos de los Consumidores, que establece en su artículo 21 que los teléfonos de atención al cliente en los sectores donde no sea obligatoria su gratuidad (telecos, electricidad y gas) no pueden suponer un coste superior al de la tarifa básica, por lo que si son de pago, solo resultan admisibles líneas móviles o fijos con prefijo geográfico.

Tras la sentencia, reclama a las autoridades autonómicas de consumo “que apliquen inmediatamente la jurisprudencia europea y comiencen ya multar este comportamiento que vulnera los derechos de los consumidores”. Asimismo, FACUA exige a las autoridades de Consumo que obligue a estas compañías a sustituir las líneas de alto coste por prefijos nacionales, móviles o gratuitos.

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