Con esta medida se busca que "las actividades comerciales, industriales y de cualquier otro tipo puedan contar, al igual que la vivienda, con la protección de un seguro de daños que garantizará durante tres años la correcta ejecución de las edificaciones” y el resarcimiento de daños causados por vicios o defectos de los elementos constructivos o de las instalaciones que ocasionen el incumplimiento de los requisitos de habitabilidad. Se considera que el seguro Trienal “puede contribuir a mejorar la calidad de la edificación en aspectos relacionados con la habitabilidad y acabados de los edificios, de la misma forma que el seguro Decenal de Daños lo ha hecho en relación con los problemas estructurales y de cimentación”.

En su defensa de la iniciativa, el diputado popular Andrés Ayala ha recordado que la Ley de Ordenación de la Edificación de 1999 obligó al promotor a suscribir únicamente un seguro Decenal de Daños sobre las estructuras “que el tiempo ha demostrado exitoso”, y dejó al Gobierno la posibilidad de regular posteriormente los seguros trienales y anuales que afectasen a los requisitos de habitabilidad y acabados, respectivamente.

Tras demostrarse “exitosa” durante casi tres lustros de aplicación, el PP cree que es el momento de dar el siguiente paso y extender las mismas garantías obligatorias a todos los edificios, dando así cumplimiento a esa posibilidad discrecional del Ejecutivo para regular los seguros más allá de lo previsto.

El portavoz parlamentario ha subrayado que esta medida ayudará al sector de la construcción a “comenzar a reactivarse” y así colaborar en la salida de la crisis, aunque ha recordado que cualquier cambio debe tener en cuenta la incidencia sobre el resto del sistema asegurador, que es “muy complejo, con muchas variables e intereses contrapuestos, y que requiere un previo y riguroso análisis de todos los elementos afectados y de las consecuencias que se derivarían de tal modificación”.

En la iniciativa aprobada se insta al Ejecutivo a buscar el consenso del conjunto de los agentes involucrados en el proceso de edificación, además de los operadores económicos como las aseguradoras, en la misma línea que se logró en 1999 para aprobar la Ley de Ordenación de la Edificación.