En el evento, los ponentes recordaron que muchos países lidian con deudas previsionales que fueron el resultado del paso de sistemas de reparto –que poco a poco se fueron quedando sin reservas para atender a los nuevos pensionados–, a otros mixtos o de capitalización individual.

“En El Salvador, el problema (de la deuda de pensiones) es proporcionalmente pequeño cuando se compara con los que enfrentan otros países”, dijo Mauricio Toro, presidente de la AFP PROTECCIÓN, de Colombia, que es accionista de la AFP CRECER de El Salvador. “La deuda de pensiones en El Salvador equivale al 10% del PIB y se corresponde con los pagos que deben hacerse a los jubilados que cotizaron en el antiguo sistema con el INPEP y el mismo ISSS. Las reservas del antiguo sistema se agotaron en 2002 y, desde entonces, esa obligación pasó al Ministerio de Hacienda”, se indicó.

Por su parte, Francisco Bolaños, investigador del Programa de Estudios sobre Políticas Públicas de FUNDAUNGO, explicó que el pago anual de estas pensiones requiere unos 400 millones de dólares, por lo que en 2006 se creó un Fideicomiso de Obligaciones Previsionales (FOP), que se financia con la venta de Certificados de Inversión Previsional (CIP), que deben adquirir de manera obligada las AFP, con el 45% de las cotizaciones que recaudan. “Pero los CIP pagan un interés bajo y esto ha afectado la rentabilidad de los fondos para pensiones, lo que significará pensiones más bajas para los jubilados del nuevo sistema. Aquí se traslapó el problema fiscal de la deuda de pensiones, con el funcionamiento del nuevo sistema”, informa ‘La Prensa Gráfica’.

Manuel Enrique Hinds, exministro de Hacienda quien participó en el congreso como ponente, aseguró que hay que descartar la idea de que el sistema actual ha creado una deuda, porque ésta ya existía. “Hacienda tiene la obligación de pagar esas pensiones. Si se emite deuda para pagarlas, solo se está cambiando el acreedor”, dijo.