De ahí conviene recordar, siquiera sintéticamente, los presupuestos básicos exigidos por la jurisprudencia para que concurra la responsabilidad civil y nazca la  obligación de reparar el daño, debiendo concurrir: 1) la acción u omisión culposa o negligente  2) el daño; 3) el nexo causal entre la acción u omisión y el resultado dañoso.

La determinación de la relación causal la precisa el  Tribunal Supremo en su Sentencia de 11 de julio 1990, al afirmar: "entre la acción u omisión del agente y el resultado dañoso debe existir una relación directa, sin interferencias de otras posibles conductas o eventos ajenos al agente y, más concretamente, no debe interferir ninguna acción negligente por parte de las víctimas. En este sentido, jurisprudencia precedente matiza que la teoría del riesgo no descansa en la mera causación de un evento físico dañoso, ya que si la víctima se interfiere en la cadena causal quedará el agente exonerado de responsabilidad, por tratarse de un suceso imprevisto o inevitable".

Deviene en esencial la demostración de la existencia de un nexo causal que haga patente la culpabilidad del agente en la producción del daño, por ser lo que determina su obligación de repararlo, y no se puede desvirtuar por una aplicación de la teoría del riesgo o por la inversión de la carga de la prueba. En este sentido, “corresponde la carga de la prueba de la base fáctica (nexo causal), y por ende las consecuencias desfavorables de su falta, al demandante” y “en todo caso es preciso que se pruebe la existencia de nexo causal, correspondiendo la carga de la prueba al perjudicado que ejercita la acción (SSTS 6-11-2001,23-12-2002).

Lo que nos permite llegar a la ruptura de la relación causal por los supuestos de exclusión de la responsabilidad, tanto contractual como extracontractual, el caso fortuito y la fuerza mayor, entendidos como aquellos sucesos que no se hubieran podido prever, o que, previstos, fueran inevitables (ex. art. 1.105 del Código Civil). Si bien,  la definición y características de estas figuras han sido concretadas por doctrina y jurisprudencia durante décadas.

Es doctrina reiterada que para que se aplique la exención de responsabilidad por la existencia de caso fortuito o fuerza mayor se requiere que el suceso sea imprevisible o insuperable e irresistible y que, por tanto, no se deba a la voluntad del obligado, que haga imposible el cumplimiento de la obligación, así como que exista una relación entre el evento y el resultado (SAP Barcelona de 3 mayo 2019).

Ahora bien, a la hora de definir los rasgos diferenciales entre la fuerza mayor y el caso fortuito la doctrina se ha definido en distintas posiciones, aludiendo a los siguientes criterios:

a) Por el origen del evento, se considera fuerza mayor al daño provocado por fuerzas de la naturaleza y el caso fortuito al suceso acontecido a causa de la interferencia de la actuación de un tercero.

b) Por sus efectos, se entiende que en el caso fortuito es la cosa la que soporta inmediatamente la acción del hecho extraño; por el contrario, en la fuerza mayor es la persona del deudor la directamente afectada.

c) Por la evitabilidad mediante la previsión, la fuerza mayor es un obstáculo invencible, aun habiéndolo previsto, y el caso fortuito constituye un impedimento no previsible usando una diligencia normal, aunque no absolutamente insuperable.

Y d) por la producción del hecho, el caso fortuito se produce en la esfera interna de la actividad del deudor; la fuerza mayor constituye un evento extraño al círculo de tal actividad, en la que irrumpe como un obstáculo externo. En este supuesto no se pierde de vista el grado de previsibilidad pero se apunta hacia un enfoque más objetivo. De este modo, los hechos integrantes del caso fortuito, aunque se confíe implícitamente en su no concurrencia, suelen ser tenidos en cuenta en el curso normal de la vida, son eventos connaturales, aunque esporádicos a la actividad empresarial, industrial o de servicio en que acaecen. La fuerza mayor deriva de un suceso totalmente extraño a dicho círculo de actividad, el cual hace acto de presencia de un modo inesperado, violento e insuperable.

El Tribunal Supremo no se ha pronunciado por ninguna doctrina diferenciadora entre caso fortuito y fuerza mayor pero ha expuesto dos de ellas como posibles. La primera postura aporta que el caso fortuito será lo imprevisible y la fuerza mayor lo inevitable. La segunda postura doctrinal argumenta que el caso fortuito opera en la esfera interna y la fuerza mayor en la esfera externa del círculo afectado por la obligación (SSTS 2-1- 1945 y 30-9- 1983).  La Sentencia del Tribunal Supremo Sala Civil de  31-05-2006 es paradigmática en este sentido, cuando razona que por caso fortuito se entiende todo suceso imposible de prever, o que, previsto, sea inevitable y, por tanto, realizado sin culpa alguna del agente, de manera que el vínculo de causalidad se produce entre el acontecimiento y el daño, sin que en él intervenga como factor apreciable la actividad dolosa o culposa del agente. Así, para que tal suceso origine exención de responsabilidad es necesario que sea imprevisible e inevitable, y cuando el acaecimiento dañoso fue debido al incumplimiento del deber relevante de previsibilidad, no puede darse la situación de caso fortuito, debido a que con ese actuar falta la adecuada diligencia por omisión de atención y cuidado requerido con arreglo a las circunstancias del caso, denotando una conducta interfiriente frente al deber de prudencia y cautela exigibles, que como de tal índole es excluyente de la situación de excepción que establece el indicado Art. 1105 ,Código Civil, al implicar la no situación de imprevisibilidad, insufribilidad e irresistibilidad requeridas al efecto. Y cuando aborda la fuerza mayor la Sentencia del Tribunal Supremo Sala Civil  de 21-03-2013, concreta y conceptúa  la fuerza mayor como un "hecho jurídico que dimana de la naturaleza, o de una persona que actúa imponiendo la fuerza o violencia para impedir el desarrollo natural de los acontecimientos".

Por tanto, atendiendo a los criterios que la jurisprudencia ha tratado de establecer a lo largo de los años en cuanto a la distinción de ambas figuras que permiten la exclusión de la responsabilidad, entendemos que el caso fortuito solo servirá para exonerar de responsabilidad en los casos en los que ésta sea subjetiva o por culpa, no cuando sea objetiva o por riesgo, y que en el supuesto de fuerza mayor quedará exonerado el deudor en todos los casos, incluso cuando se responda objetivamente.

Es decir, para que exista una efectiva exoneración del sujeto por fuerza mayor, será imprescindible que ese daño se haya producido en virtud de una fuerza mayor extraña al riesgo desencadenado, descartándose aquellas situaciones que son propias de la actividad que ha producido el daño, exigiéndose además que el suceso sea imprevisto o imprevisible, así como imposible de evitar.

Recogiendo la doctrina del Alto Tribunal, la Sentencia de la Audiencia Provincial de Asturias de 6 de junio de 2018 ha considerando que "el concepto de fuerza mayor debe aplicarse solamente a todo acontecimiento inesperado (aunque puede no serlo) pero que a pesar de que se quiera prevenir, es imposible resistirlo, es decir, lo que no puede preverse o que, aún previsto, fuera inevitable o irresistible y sin intervención de culpa alguna en el agente al proceder el evento decisivo exclusivamente de un acontecimiento impuesto y no previsto ni previsible, insuperable e inevitable, extraño al ámbito de la actividad de que se trata, en la que irrumpe como un obstáculo externo (como por ejemplo, un rayo, huracán, tornado, inundación, caída de un árbol... y situaciones catastróficas semejantes).

Si nos centramos ahora en el caso fortuito, se entiende como tal aquel suceso que es imprevisible e inevitable y, por tanto, sin que en él intervenga como factor apreciable la actividad dolosa o culposa del agente, de manera que el vínculo de causalidad se produce entre el acontecimiento y el daño. En caso de que el hecho dañoso fuera consecuencia del incumplimiento del deber relevante de previsibilidad, no podríamos estar ante una situación de caso fortuito, pues dicha omisión de atención y cuidado excluirían la situación de excepción que establece el artículo 1105 del Código Civil, pues se desvirtuarían los requisitos de imprevisibilidad, insufribilidad e irresistibilidad requeridos al efecto (Sentencia del Tribunal Supremo de 31 de mayo de 2006).

La jurisprudencia menor – entre otras, SAP Cantabria 18-9-2014 y SAP Valencia 26-11-2014 definen el caso fortuito como “todo suceso no previsible utilizando una diligencia media o normal, pero que si se hubiera llegado a prever no era absolutamente inevitable o insuperable, produciéndose, por el contrario, en el ámbito de la actividad o empresa de que se trate (así, por ejemplo, la existencia de gravilla suelta, nieve o hielo en la calzada o de desniveles y baches, la irrupción de una animal en la misma, el estacionamiento o parada de un vehículo accidentado o averiado interceptado su tránsito...)".

Veamos ahora el manejo de los criterios para determinar la existencia o no de causa de exoneración de la responsabilidad en la materia más fértil en casuística para el tratamiento de la fuerza mayor y el caso fortuito.  Respecto a la fuerza mayor, las Sentencias del Tribunal Supremo de 17 julio 2008, 4  febrero 2015 y 11 febrero 2016 sostienen que la compañía aseguradora posee  el deber de “hacer frente al siniestro, salvo que concurra fuerza mayor extraña a la conducción”  considerando el tribunal que éstas deben incluir dentro de su cobertura “los supuestos de fuerza mayor que no son ajenos al hecho de la circulación, concluyendo que no se da esa ajenidad, en los supuestos de accidentes causados por la brusca irrupción de animales de caza en la vía pública, en cuanto esa irrupción no puede incardinarse en un supuesto de fuerza mayor extraña a la conducción de vehículos. Doctrina que es perfectamente extrapolable a los accidentes causados por irrupción de peatones en vías urbanas, al existir una evidente identidad de razón.”.  Y en los supuestos en los que no es posible determinar el origen del daño, el Tribunal Supremo, en Sentencia de 5 marzo 2007, argumenta la necesidad de rechazar la posible aplicación de la exoneración de responsabilidad por caso fortuito en tanto que  “el control que todo poseedor ejerce o puede ejercer sobre las cosas que utiliza, unido a las dificultades de lograr la prueba de la concurrencia de los factores que posibilitan imputarle la pérdida o destrucción de aquellas, así como a la admisibilidad de un grado razonable de probabilidad cualificada, sin precisión de la certeza absoluta, para considerar lograda la reconstrucción procesal de la relación causal”.

El tratamiento jurisprudencial, como vemos, es restrictivo a su aplicación y deben estar presentes siempre y con certeza probatoria en la fuerza mayor la inevitabilidad y en el caso fortuito la imprevisibilidad.


Estudios en materia de Responsabilidad Civil. 

Director: José Domingo Monforte. Colaboradores: Natalia Iglesias Pérez, Marina Castellà Fernández y Celia Doménech Domingo

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