Siguiendo esa línea, el primer considerando del proyecto se apoya en que la Constitución en su artículo 11, numeral 2, establece que todas las personas son iguales y que nadie podrá ser discriminado por razones de salud, discapacidad, diferencia física, etc., lo cual guarda completa relación con el artículo 25 de la Ley Orgánica de Discapacidades, que protege a los grupos vulnerables de atención prioritaria disponiendo que “los contratos no podrán contener cláusulas de exclusión por motivos de preexistencias, y que las mismas serán cubiertas aun cuando la persona cambie de plan de salud o aseguradora”.

En concreto, de acuerdo a la información de ‘Cre Satelitel’, prohíbe negarse a celebrar un contrato, o ejecutarlo con una menor calidad a la acordada entre las partes, como así también, a incrementar los valores regulares de los mismos a personas con discapacidad, o a quienes adolezcan de enfermedades graves, catastróficas o degenerativas. Llama la atención que el articulado nada más diga al respecto, en razón de que es de público conocimiento que son estos grupos de atención prioritaria los más expuestos a la vulneración del derecho a la salud.