La orden, emitida por el ministro de Economía y Competitividad, Luis de Guindos, recuerda que la Autoridad Europea de Seguros y Pensiones de Jubilación (EIOPA) emitió el 31 de octubre de 2013 “una serie de directrices sobre el sistema de gobierno de las entidades aseguradoras, la evaluación interna prospectiva de los riesgos, el suministro de información al supervisor y la solicitud previa de modelos internos, dirigidas a las Autoridades de Supervisión”. En estas pautas se indica la manera de proceder en la fase preparatoria previa a la aplicación de la Directiva de Solvencia II.

Estas directrices, que son de aplicación desde el 1 de enero de 2014, tienen como objeto que las entidades aseguradoras y reaseguradoras, y los grupos de entidades aseguradoras y reaseguradoras, “estén preparadas, dentro de los ámbitos descritos anteriormente, para cuando sea plenamente aplicable, con carácter obligatorio, el régimen de la Directiva de Solvencia II a partir del 1 de enero de 2016” y, al mismo tiempo, “evitar que cada Estado miembro cree soluciones de ámbito nacional, facilitando con estas directrices un criterio coherente y convergente en relación con la preparación a la Directiva de Solvencia II”.

La orden ministerial entra en vigor mañana y estará en vigencia hasta el 31 de diciembre de 2015.

REGLAMENTO DE LA LEY DE PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES Y DE LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO

Por otra parte, el 'BOE' publicaba ayer el Real Decreto 304/2014, de 5 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo.

Entre otros aspectos, en su artículo 16 se detallan qué productos y operaciones son susceptibles de aplicación de “medidas simplificadas de diligencia debida”. Entre ellas, se establecen determinados seguros de Vida, instrumentos de previsión social complementaria y seguros colectivos que instrumenten compromisos por pensiones.

El Reglamento entró en vigor ayer, con su publicación en el BOE, salvo en lo que se refiere al umbral de identificación en operaciones ocasionales del artículo 4.1, que entrará en vigor en seis meses.