Avisa que "las pensiones representan la mayor carga para los Gobiernos" y que "el impacto máximo del envejecimiento se producirá cuando la generación del 'baby boom' se jubile, es decir, en torno al año 2040 en algunos países de la zona del euro, pero más tarde en otros".

El efecto, remarca el BCE, será singularmente acusado en los países con sistemas públicos de pensiones de reparto (apuntando entre otros a España, aunque no lo dice explícitamente), "lo que suscitará problemas de equidad intergeneracional", ya que la ratio cotizantes-beneficiarios disminuye (hasta julio, en nuestro país había 2,2 trabajadores por cada pensionista, una ratio que se ha incrementado en los últimos meses con la recuperación económica, pero que resulta insuficiente para evitar el déficit del sistema, con un descuadre esperado de 16.000 millones este año). Los compromisos acumulados hasta la fecha por la Seguridad Social se sitúan en más del 200% del Producto Interior Bruto (PIB) en la mayoría de los países, según cálculos recientes. Además, se espera que el envejecimiento conduzca a un aumento del gasto sanitario y a una disminución de la oferta de trabajo, del crecimiento y de la innovación.

Para el BCE, "los países deberían buscar políticas y reformas que garanticen la sostenibilidad del gasto social, especialmente en vista del envejecimiento de la población y de la posibilidad de que se produzcan perturbaciones económicas negativas". Recuerda al respecto que el gasto social ha crecido de forma continuada desde 2001, tanto en términos nominales como en porcentaje de gasto público total, aunque en porcentaje del PIB mostró cierta volatilidad durante el período de la crisis. En 2017, el gasto social en la zona del euro supuso, de media, un 70% del gasto público total y el 31% del PIB, o 3,5 billones de euros.

La protección social es el componente más importante del gasto público en los países de la zona del euro y representa de media el 42% del gasto público total y en torno al 20% del PIB. Eso sí, hay claras diferencias entre países en cuanto al nivel de protección social, pues mientras supone una tercera parte del gasto público total en Malta y Letonia, se reduce a la mitad en Finlandia y Alemania. En todos, el principal componente es el gasto en pensiones, que equivale al 12,4 % del PIB, seguido de enfermedad y discapacidad, familia e hijos, desempleo y vivienda social.