Para crecer, explica Sangermano, harán su aporte las medidas previstas respecto a los seguros agrícolas obligatorios y de un nuevo producto de retiro, que actuaría como un complemento de la jubilación dados los bajos niveles de tasas de sustitución de haberes con los salarios. Son dos medidas que, por ahora, forman parte de las conversaciones del empresariado con el Gobierno.

Sobre la imposición de un mínimo para invertir en activos que definirá el Gobierno, destacó que “hay un redireccionamiento de las inversiones que es posible. El anuncio involucra unos 7000 millones de pesos. El sector tenía el 30 de junio unos 65.000 millones en inversiones, con un 40% en títulos públicos y otro 25% en plazos fijos. Con YPF ya hay algo invertido en el nuevo inciso”.

Sangermano opina que “en la elaboración del Planes siempre se dijo que las inversiones deben tener la liquidez, la solvencia y la seguridad para darle respaldo a la actividad. En el comité de elegibilidad está la Superintendencia de Seguros, que, en la práctica, no podría avalar que invirtamos en un proyecto por el que después nos vaya a reclamar como organismo que debe controlar la solvencia”.

Sobre si la responsabilidad de la aseguradora no se puede diluir si no pudo resolver en un 100% cómo disponer de sus reservas cree que no, ya que “si me guío por la operación de YPF, hubo una salida al mercado con obligaciones negociables a tasas de mercado; nosotros compramos porque la inversión tenía la rentabilidad adecuada”. Asimismo, cuestionado sobre si se eliminó la obligación de invertir en instrumentos con una calificación mínima de riesgo de BBB, comprarían en SAN CRISTÓBAL papeles no calificados, afirmó que “hasta ahora lo teníamos como un indicador muy importante. Ahora, si los instrumentos para fines productivos se emitieran sin calificación, eso no importaría tanto si es el propio Estado el que los emite. Sería algo asimilable al bono que ya compro”.

En cuanto a las medidas que continúa en estudio y si se esperaban otras, quizás más dirigidas al crecimiento, Sangermano, destacó que “se difundieron objetivos y falta consensuar aspectos de la implementación de medidas. Aún hay temas por discutir, por ejemplo, las tarifas o el alcance de medidas como los seguros obligatorios o en productos como el de un complemento jubilatorio en seguros de retiro. También hay un eje, que es el de microseguros”.

EL MERCADO DE AUTOS Y LE LEY DE RIESGOS DEL TRABAJO

Sobre el mercado de Autos, gerente general de SAN CRISTÓBAL SEGUROS, sostuvo que “en los últimos tres ejercicios, nosotros hemos tenido pérdidas técnicas aceptables. Para los precios, el ajuste salarial por convenio es determinante, porque definen, por ejemplo, el costo de los siniestros cuando hay reparación de casco. Los ajustes de precios tienen que ver con ese costo siniestral y con el administrativo, y están en el orden del 20 al 25% anual”.

Por su parte la siniestralidad según reveló “este año a nivel de mercado subió en automotores y en riesgo agrícola. En autos yo miro con más cuidado la parte de daños más que el robo y, en particular, las lesiones y muertes. Porque el robo es un daño tasado, pero en lesiones y muerte todo es opinable. En el tema de accidentes hay un camino por recorrer en temas de infraestructura y controles”.

Por último, sobre la Ley de riesgos del trabajo, el presidente de ADIRA, aclaró que “para nosotros, más del 65% de la producción es por el canal de productores; nos es imposible trabajar sin ellos. Sobre lo que dice la ley, las ART han hecho su reclamo y es positivo que hayan tomado partido. Hubiera sido más conveniente poner una pauta gradual de comisiones; yo no creo que las compañías le resten importancia a la prevención por tener un mayor costo comercial. Éste es un tema que nos preocupa como aseguradores, porque si el vendedor está contento, hay un conflicto menos”.

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