Así, explica que “en muchos casos, las agencias inmobiliarias ofrecen a los propietarios una póliza de protección de alquileres, que los arrendadores firman creyendo que es un seguro ante impagos o actos vandálicos”. En realidad, apunta la UCE, “lo que están firmando es una adhesión a un convenio arbitral privado, renunciando a la vía judicial, y al que se deben someter para la resolución de conflictos, previo pago de 72 euros para adquirir el correspondiente formulario”. De esta forma, “el propietario debe abonar una cantidad mensual de 20 o 30 euros, normalmente, creyendo que su inmueble está asegurado cuando no es así”, subraya.

“El origen de las reclamaciones -continua la UCE- se produce cuando se generan las primeras deudas o impagos por parte del inquilino. En el momento en el que el propietario pretende hacer efectivo el seguro descubre que no es una póliza de seguros lo que había contratado, sino un servicio para la reclamación de las deudas, que en su día se firmó bajo el nombre de Póliza de Protección de Alquileres, impago de rentas, actos vandálicos e impago de recibos”. En ese momento, el arrendador “también descubre que firmó un sometimiento al arbitraje privado para la resolución de conflictos, cuyo impreso pagó, y que para que se realice dicho arbitraje y se dicte un laudo debe abonar alrededor de 480 euros”, añade. Y resalta que “de esta cifra, incluso, el propietario tiene que adelantar una parte como provisión de fondos para empezar el procedimiento”.
 
Asimismo, advierte que en el clausulado que se suscribe con la inmobiliaria habitualmente aparecen “términos muy técnicos y que fácilmente inducen a error al consumidor. Por ejemplo, en el documento de la Póliza de Protección de Alquileres aparecen términos propios de un seguro como cobertura, siniestro o póliza, entre otros, que fácilmente puede confundir al cliente si no se le ha informado correctamente de lo que iba a contratar”.

Por último, en el documento de sometimiento al arbitraje privado, aparecen las expresiones Garantía de Alquiler y Plan Nacional de Alquiler Garantizado, “dando lugar a cierta confusión, ya que es un documento de adhesión al arbitraje y no de garantía”, lamenta la UCE.

Por todo ello, el Colegio de Madrid recomienda asesorarse, antes de alquilar la vivienda, en la oficina de un mediador de seguros colegiado y conocer las diferentes herramientas y acogerse a la que más le interese, ya sean seguros, arbitrajes privados, u otros métodos.  

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