Elguero destacó que los cambios regulatorios llevados a cabo se busca es “crear una cultura de cumplimiento imbuida en los valores de la empresa”. Aconsejó “no contratar o subcontratar empresas que no tengan en marcha un programa de cumplimiento” y subrayó los principales errores en la implantación de programas de cumplimiento: negación de la existencia del error, improvisación en la actuación precipitada ante un evento por la falta de programas de actuación, copiar manuales, equivocarse al elegir al responsable de cumplimiento y desentenderse del programa de cumplimiento. Asimismo, recomendó que “el seguro de responsabilidad civil debe contemplar la existencia de programas de cumplimiento”.

Carulla, por su parte, comentó que “el compliance penal es un modelo de organización y gestión de la empresa que tiene como finalidad evitar la comisión de delitos”. Se debe evitar, advirtió, “copiar el programa de compliance penal de otra empresa”. “El modelo de compliance penal ha de adaptarse a nuestra empresa; por lo que se puede adaptar el modelo de otra empresa, pero no adoptarlo sin más”, añadió.

Durante el turno de debate de la sesión de ‘Diálogos 2020’ se habló del coste de implantación de los programas y en la posible falta de capacidad económica de las microempresas para hacerles frente. A este respecto, los ponentes insistieron en que esta cuestión debe valorarse como una inversión en la mejora de la organización, destacándose el valor y beneficio que supone para una empresa contar con un programa de compliance penal, que debe contemplarse como una oportunidad y no como una carga.

Durante la jornada se presentó el primer Diccionario de Compliance en lengua española, que se ha elaborado para ayudar a entender la gestión del riesgo penal e implementar los programas de cumplimiento. Además, se hizo entrega a cada uno de los asistentes de un ejemplar del libro.

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Presentación del Diccionario de Compliance

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