En mayo de 2012 la Dirección de Investigación decidió incoar expediente sancionador contra la mutualidad por existir indicios racionales de la comisión de una infracción de Ley 15/2007, de Defensa de la Competencia, consistente en realizar actos encaminados a obstaculizar la entrada de competidores en el sector de servicios de prestación social alternativos al Régimen Especial de la Seguridad Social para Trabajadores Autónomos (RETA) a los abogados colegiados y a sus familias.

El organismos público recuerda que hasta 2009 MUTUALIDAD DE LA ABOGACÍA  era la única mutualidad alternativa al RETA para abogados por cuenta propia en todo el territorio español, salvo Cataluña, donde también operaba ALTER MUTUA. A partir de esa fecha, se permitió a otros operadores ofrecer sus prestaciones alternativas al RETA en todo el territorio español. ALTER MUTUA denunció diversas actuaciones llevadas a cabo por MUTUALIDAD DE LA ABOGACÍA  para obstaculizar que entrara a ofrecer servicios de prestación social alternativos al RETA a abogados de fuera de Cataluña.

Ahora, en Resolución de 18 de septiembre, el Consejo de la CNC ha acordado la terminación del procedimiento, pues en su opinión los compromisos presentados por MUTUALIDAD DE LA ABOGACÍA “son idóneos y adecuados” para resolver los problemas de competencia planteados. En primer lugar, detalla Competencia, “se compromete a informar de manera inequívoca, con todos los medios a su alcance, sobre la condición de ALTER MUTUA como entidad alternativa al RETA para abogados a nivel nacional. En segundo lugar, MUTUALIDAD DE LA ABOGACÍA se compromete a eliminar todas aquellas cláusulas de promoción exclusiva de sus servicios que hasta ahora incluían en los protocolos de colaboración con Colegios de Abogados, así como aquellos incentivos que, directa o indirectamente, pudieran favorecer que dichos Colegios ofertaran solo los servicios de MUTUALIDAD DE LA ABOGACÍA”.

Con la adopción formal de estos compromisos, “que son vinculantes y de obligado cumplimiento”, apunta la CNC, se resuelven los potenciales efectos sobre la competencia derivados de las conductas que dieron lugar a la incoación del expediente sancionador, y queda garantizado suficientemente el interés público, tal y como exige la Ley de Defensa de la Competencia.