Por su parte, Peralta manifestó que el fuerte volumen de mercado implica que se generen nuevos tabuladores, por lo que exigió que se conozca la fórmula de cómo quieren ser implementados antes de hacerse una ley. “Esto tiene que ser transparente, debe de tener lógica y estructuración correcta”, dijo.

En el caso de García Alcocer, éste aseguró que: “La postura de Coparmex Querétaro es que estamos de acuerdo con tener un fondo pero no estamos de acuerdo con el servicio y con que se cambie la tenencia con una obligación particular lesionando la economía de las familias queretanas”. “Nos parece que la obligatoriedad de adquirir un seguro puede ser inclusive violatorio de preceptos constitucionales. Le quiero pedir al Congreso que lo valore y lo discuta”, agregó en información de ‘El Economista’.

EL BENEFICIO PARA LAS ASEGURADORAS ES APENAS DEL 2%

Desde la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS), se afirmó que la utilidad neta que le generaría a las aseguradoras en Querétaro la aprobación de la iniciativa es de alrededor de 3 millones de pesos (231.004 dólares). Luis Álvarez, director de Daños de la AMIS, aseguró que la utilidad neta final de las aseguradoras de aprobar el seguro obligatorio de auto es del 2%, una estimación que se ha hecho a partir de recortar todos los gastos y accesorios.

“La utilidad de todo el sector, de las 31 aseguradoras, es de alrededor de 3 millones de pesos aquí en Querétaro, dividido entre 31 son de 100.000 pesos (7.700 dólares) por aseguradora para que tenga todo el estado seguro”, precisó. Esto, resultado del parque vehicular que no cuenta con un seguro de auto, es decir, un 63% de las 458.836 unidades contabilizadas en el estado. “Con 3 millones de pesos no se hace rico un sector y con 100.000 pesos, menos”, aseguró.

Pablo Mireles Miranda, director de la división de Autos de AMIS, consideró que la decisión del Ejecutivo estatal de “regresar” la iniciativa al congreso local podría tener detrás a un grupo de presión que no tenga interés en no pagar una prima de seguro. “No tengo la menor idea de quién pueda ser, ni en qué circunstancias, ni si tiene una flotilla muy grande, no lo sé, pero seguramente si hay alguien que se está oponiendo porque no quiere desembolsar la prima”, destacó.

Roberto Lazo de la Vega, titular del área jurídica de la AMIS, agregó que uno de los elementos que el gobierno del estado ha manifestado es la afectación a la libertad contractual; sin embargo, alegó, ésta subsiste al elegir una persona la aseguradora de su preferencia. “Es una medida como cualquier otra que pretende atender un interés y, en este caso, el interés de la responsabilidad civil como conductores en favor de las víctimas. Deberemos ponernos de acuerdo para privilegiar el interés de los peatones”, apuntó.