En la exposición de motivos revelados por el mandatario, se hace referencia a la crisis de los créditos subprime de 2008, que llevó a bancos de inversión al borde de la quiebra por realizar operaciones de alto riesgo que provocaron la crisis. En ese marco, el presidente Calderón propuso que en la nueva ley, con la que se derogaría la de 1935, se especifique que las aseguradoras y afianzadoras cuenten con recursos suficientes en relación con sus responsabilidades y todos los riesgos a los que estén expuestas, en particular, los inherentes a sus operaciones, de tal manera que puedan cumplir con sus obligaciones frente al público usuario, según recoge la agencia ‘Notimex’.

“El requerimiento de capital de solvencia de las instituciones es el punto de partida para que éstas desarrollen sus políticas de operación y de inversión para mantener de manera constante un nivel de capital que les permita hacer frente a los riesgos financieros, técnicos, de mercado, de crédito, de liquidez, de concentración, de descalce operativo, legal, tecnológico, estratégico y reputacional, así como a cualquier otro que de manera excepcional pueda poner en riesgo de solvencia y estabilidad”, aseguró el Ejecutivo federal en su iniciativa.

La iniciativa, que ha sido enviada a las comisiones de Hacienda y Crédito Público y de Estudios Legislativos Primera para su análisis, plantea que el requerimiento de capital de solvencia debe ser cubierto por entidades con fondos propios, los cuales representan el excedente entre los activos respecto de los pasivos. Además, la ley tiene por objetivo regular la organización, operación y funcionamiento de las instituciones de seguros, las actividades y operaciones que podrán realizar, así como las de los agentes de seguros y de finanzas.

LAS ASEGURADORAS TENDRÁN QUE REALIZAR PRUEBAS DE SOLVENCIA

Ente otras características de la Ley, esta reforma también considera que las instituciones realicen pruebas de solvencia dinámica para evaluar anualmente la suficiencia de los fondos propios admisibles para cubrir el requerimiento de capital ante diversos escenarios, con el fin de detectar y corregir posibles fallas o desviaciones, así como prevenirlas.

Además, plantea que tratándose de instrumentos de deuda distintos a los gubernamentales que sean objeto de oferta pública, deberán contar con al menos una calificación no inferior a la que determine un supervisor. Se busca además poner límites y restricciones generales que deben observar las aseguradoras y afianzadoras al invertir activos. No obstante, se precisa que no implica de ninguna manera que el Estado deje de cumplir con su función de supervisión.

Durante su intervención, el presidente Calderón aseveró que de aprobarse su propuesta, contribuiría a la transformación del mercado de garantías, al incorporar el seguro de caución, en un entorno de mayor competencia, eficiencia y eficacia.

Por último, otras de las características que recoge el documento es que se imponen de tres a 15 años de prisión y multa de 5.000 a 20.000 días de salario mínimo a quienes otorguen habitualmente fianzas a título oneroso o que actúen como intermediarios en las operaciones de esas personas, entre otras sanciones por diversos conceptos.

Esto comprende a los directores, gerentes, administradores, miembros del Consejo de Administración, funcionarios y empleados, así como a los agentes de personas morales. También se fortalece el gobierno corporativo de estas entidades financieras y la responsabilidad del Consejo de Administración en la suficiencia de los recursos, tanto de reservas técnicas como de capital.

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